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La izquierda uruguaya sigue en punta. Los uruguayos decidirán mañana si aceptan o rechazan la privatización parcial de la petrolera estatal Ancap en un referendo que, a un año de las elecciones presidenciales, también será un test de hecho para el gobierno de Jorge Batlle. Los 2.466.000 ciudadanos uruguayos habilitados para votar decidirán si se deroga o no la ley petrolera que habilita la privatización parcial de Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), la mayor empresa industrial uruguaya, que factura anualmente unos 1000 millones de dólares. Las encuestas de intención de voto previas al referendo anticipaban esta semana un claro predominio del “Sí” (a la derogación de la ley) frente al “No” (de los partidarios de mantener la norma que habilita la privatización).
La Comisión de Defensa de Ancap promovió con éxito el referendo al cumplir con creces el requisito de juntar firmas equivalentes al 25 por ciento del padrón electoral, ya que reunió 685.000 rúbricas. Creada en 1931, Ancap es la principal empresa pública uruguaya. Su mayor planta industrial es la refinería de La Teja y posee además dos fábricas de cemento y una terminal de recepción y almacenamiento de petróleo crudo en la localidad de José Ignacio. Las últimas mediciones de intención de voto difundidas el jueves –antes del comienzo de la veda electoral– otorgaban clara ventaja al “Sí” a la derogación de la ley. Así, la consultora Equipos Mori marcaba para el “Sí” un 52 por ciento y Factum anticipaba cuanto menos un piso de 50 por ciento, preferencia que relegaba con gran amplitud a la opción del “No”.
Pero además de poner en juego el futuro de Ancap, el resultado de la votación de mañana será un indicador significativo de las tendencias para las elecciones presidenciales de fines de 2004, según diversos analistas.
Para las elecciones del año próximo, las encuestas marcaron durante este año claras preferencias por el candidato Tabaré Vázquez, del Encuentro Progresista-Frente Amplio, la oposición de centroizquierda a la alianza blanco-colorada del gobierno de Jorge Batlle. En favor del “Sí” a la derogación de la ley, para el referendo del domingo, se pronunciaron el Encuentro Progesista-Frente Amplio, Nuevo Espacio y la central sindical única PIT-CNT, además de gran número de organizaciones sociales y agrupaciones menores. El “No” alineó a los partidos Colorado (de Batlle), Nacional e Independiente, la Asamblea Uruguay y la Cámara de Industrias del Uruguay, entre otros sectores.
El intento de privatización de Ancap ya fue objeto de un plebiscito de alcance más general en 1992, cuando el “No” a la política de privatizaciones ganó por el 72 por ciento de los votos. No obstante, en enero de 2002 el Ejecutivo promulgó una ley sancionada el año anterior por el Congreso que derogaba el “monopolio” de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y de la exportación de derivados de petróleo, vigente desde 1931. A principios de noviembre se reveló un documento acordado entre el gobierno uruguayo y el Banco Mundial que subvaluaba los activos de Ancap para preparar su privatización parcial, con un precio de apenas 58,8 millones de dólares.