Con el propósito de acabar con medio siglo de conflicto armado, el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el inicio de un proceso de paz. Las negociaciones con la organización rebelde, que se llevarán a cabo en forma simultánea a las que actualmente mantienen la delegación gubernamental y las FARC, se concretarán una vez que la guerrilla libere a todos los secuestrados en su poder y se celebrarán principalmente en Ecuador aunque habrá sedes paralelas en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil.

El jefe de la delegación gubernamental, Frank Pearl, y el del ELN, Antonio García, anunciaron que ambas partes decidieron instalar una mesa pública de conversaciones. “Estamos a la búsqueda de suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, señalaron una declaración leída por los dos líderes. Además informaron que esos países, junto con Noruega, oficiarán de “garantes del proceso”. “El objetivo es erradicar la violencia de la política. En el centro estará el tratamiento a la situación de las víctimas y se avanzará hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la paz estable y duradera.” En el segundo boletín conjunto que expidió la nueva mesa de conversaciones se fijó que cada delegación estará integrada hasta por 30 representantes.

Durante los diálogos, serán tratados seis puntos principales. Por un lado, se discutirá la participación de la sociedad (en función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz), democracia para la paz (que incluye la revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública), y transformaciones para la paz (se debatirán programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental). Además, está previsto que conversen sobre reparación a las víctimas y compromiso de no repetición, fin del conflicto armado (que incluye la definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes) y, finalmente, la implementación de los acuerdos pactados en la agenda.

El gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el ELN, –segundo grupo rebelde colombiano después de las FARC– también convinieron que las conversaciones serán ininterrumpidas y ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda.

Santos declaró que el proceso con el ELN será de una naturaleza distinta al que se desarrolla con las FARC. También indico que la negociación con el grupo rebelde tendrá que adaptarse a organismos que el gobierno prevé crear después de la firma del acuerdo final con las FARC, como la Comisión de la Verdad y el Tribunal para la Paz, o procedimientos para el cese del fuego y de hostilidades definitivo.

El anuncio hecho por el gobierno colombiano y el ELN fue celebrado en todo el continente. En un mensaje en Twitter, e jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, felicitó a ambas partes por la noticia. “Es un momento histórico para Colombia. Ahora estamos en marcha hacia la paz con justicia social”. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) señaló que al abrir el diálogo con la organización rebelde, Colombia se encuentra más cerca de completar el proceso de paz. El secretario general del organismo, Ernesto Samper, expresó a su vez confianza en el éxito de los diálogos. “El nuevo proceso de conversaciones con el ELN como con las FARC será exitoso si en las dos mesas abiertas se cocina la misma comida de paz”. En tanto, el anfitrión de una de las sedes donde se discutirá el futuro de la paz colombiana, el presidente venezolano Nicolás Maduro, ratificó el apoyo político y diplomático de su gobierno a los diálogos.

Fundado en 1964 bajo influencia de la revolución cubana y la Teología de la Liberación, el ELN tiene unos 1500 combatientes en sus filas pero cuenta con una amplia red de apoyo de milicianos y simpatizantes en todo el país. El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina en los años 1960, enfrentó durante más de 50 años a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas públicas y deja 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.