El decimotercer ciclo de negociaciones sobre el tratado transatlántico de libre comercio, conocido a la vez como TAFTA y TTIP, se reanudó ayer en Nueva York en las mismas condiciones en las que, hace poco más de tres años, se empezó a negociar este acuerdo que concierne a la zona comercial más importante del planeta, la Unión Europea y Estados Unidos: a espaldas de las opiniones públicas, sin supervisión parlamentaria ni monitoreo de ningún tipo. La denominada Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) excede en mucho el marco de un tratado comercial. Se trata de agilizar los intercambios comerciales entre dos bloques, Estados Unidos y la Unión Europea, que, juntos, suman alrededor del 60 por ciento del PIB mundial y engloban a más de 800 millones de seres humanos. A ese primer objetivo de armonización de las regulaciones entre ambos bloques se le sumó otro que fue creciendo de manera subyacente a espaldas de las sociedades de las dos regiones y del resto del mundo: el TTIP se volvió una suerte de molde que puede ser aplicado a todos los demás países del mundo. En Europa, la oposición a este tratado es tanto más férrea cuanto que Estados Unidos y la UE lo diseñaron y lo negociaron detrás del telón. Ni siquiera los diputados del Parlamento europeo, es decir, los legítimos representantes de los pueblos de la Unión Europea, tuvieron pleno acceso a él. Es tan críptico y secreto que los eurodiputados que exigieron ver su contenido sólo fueron autorizados a leer los términos del tratado en una sala habilitada con ese fin dentro del Europarlamento. Ni siquiera pudieron hacer una copia del mismo para debatirlo con argumentos en las sesiones plenarias.

Amélie Canonne, líder del grupo CollectifStop TAFTA en France, señala que en las negociaciones que se iniciaron ayer “no hay ninguna transparencia”. A finales de 2015, esta coalición compuesta por organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos presentó ante la Comisión Europea una petición firmada por 3,4 millones de personas donde se exige que se ponga término a las negociaciones. Sus detractores, además de impugnar el carácter oculto de las conversaciones, apuntan el riesgo de que el TTIP derribe las estrictas regulaciones que en Europa protegen a varios sectores y que en Estados Unidos no existen. Sus partidarios alegan en cambio que ese riesgo no existe y que, según un informe presentado y financiado por la Comisión Europea, el tratado supone un aumento anual del PIB de un 0,5 por ciento para la UE y de un 0,4 para los Estados Unidos. En un informe elaborado por el investigador italiano Jerónimo Capaldo (Global Development and Environment Institute Working Paper Nº 14-03, Le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement: Désintégration Européenne, Chômage et Instabilité), el investigador llega a conclusiones exactamente contrarias a las presentadas por la Comisión: el Tafta acarrearía desempleo, pérdida de crecimiento, disminución de la colecta impositiva, inestabilidad financiera y precariedad global.

El acuerdo apunta esencialmente a acelerar las actividades de las empresas europeas en Estados Unidos y las de este país en Europa en un terreno de actividades donde entran siete campos: productos y materiales cosméticos, productos de ingeniería, nuevas tecnologías, materiales médicos, pesticidas, productos farmacéuticos, textiles y vehículos. La armonización es por ejemplo riesgosa en lo que toca a los pesticidas y a los cosméticos. Mientras Europa regula con cierta severidad estas dos ramas, en Estados Unidos la regulación es mucho menor o inexistente. Los industriales norteamericanos sueñan con que una vez pactada la famosa “armonización” esos productos prohibidos en Europa ingresen sin restricciones. Los eurodirigentes prometen que ningún lobby conseguirá romper “la línea roja” de las reglamentaciones sanitarias, pero las opiniones públicas no creen en ello. Además, dentro del TTIP se ha incluido una cláusula que limita la resolución de cualquier conflicto a la intervención de un arbitro técnico, es decir, sin recurso alguno a la justicia. Washington ha impuesto una forma de arreglo “a puertas cerradas” y con un “tribunal” elegido por las empresas heredero del InvestorState Dispute Settlement (ISDS) en vigor desde los años 50.

El entorno secreto de las negociaciones y muchos de sus polémicos términos han sacado a la calle a las opiniones públicas, principalmente en Alemania. Una encuesta llevada a cabo por fundación Bertelsmann Stiftung indica que un tercio de los alemanes se opone al tratado. En Francia el respaldo también es menor. El gobierno francés ha mantenido a este respeto una posición doble: el presidente François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls, dijeron que París conservaba todas las prerrogativas “para decirle no” al acuerdo si este no respetaba los intereses nacionales. Sin embargo, esa posición dura se fue diluyendo luego con el paso de los días. Como en el caso de las negociaciones con el Mercosur, otra vez bloqueadas por Francia, París centra su postura en torno a la protección de su mercado agrícola al mismo tiempo que exige cambios en lo que toca a sus intereses culturales y al acceso a los mercados financieros o a los mercados públicos. El jefe del Estado francés aclaró que “Francia estableció sus condiciones: ni no hay reciprocidad (por ley, las empresas norteamericanas tiene la prioridad cuando se trata de contratos públicos en los Estados Unidos), si no existe transparencia, si los agricultores corren peligro, no aceptaré el tratado”. Matthias Fekl, el secretario de Estado francés para el Comercio, fue más duro cuando declaró: “Francia no aceptará un acuerdo rebajado. Si no se avanza, habrá que suspender las negociaciones”. En Alemania, el ministro de Economía Sigmar Gabriel aclaró que “si EE.UU. no quiere abrir sus mercados a las licitaciones de las empresas europeas, no tenemos ninguna necesidad de un acuerdo comercial”. La retórica antagonista no rompió ni las negociaciones, ni tampoco abrió las puertas para que las opiniones públicas puedan conocer exactamente los pormenores de un texto mayor. Muy por el contrario, prevalece el oscurantismo y la lógica de los partidos conservadores de Europa y de los lobbies del patronato, para quienes TTIP es sinónimo de beneficios y, según ellos, de incremento del mercado laboral. Los ecologistas europeos y lo poco que queda de izquierda no lo ven así. Para ellos, el Tafta es un paso más hacia la sumisión del Viejo Continente. El perfil ultraliberal del TTIP y la propia posición igualmente liberal asumida por la Comisión Europea desde hace varias décadas alimentan igualmente el temor de que el tratado afecte a los servicios públicos en beneficio de monopolios empresariales. La Comisión alega que ese riesgo no existe, pero su posición a este respecto no permite presagiar una conducta rígida. Muy por el contrario, la Comisión Europea ha asumido una política abiertamente hostil hacia los monopolios públicos y muy condescendiente con el libre mercado y la concurrencia privada en muchos sectores claves de la economía. En este sentido, si el Tafta no intercepta los servicios públicos, sí se plantea como oferta en campos como la salud o la educación. Quedan todavía muchos obstáculos para que el TTIP sea aprobado por ambas partes, tanto más cuanto que las opiniones públicas recién ahora se empiezan a movilizar tras haber sido totalmente apartadas de una mega negociación que modificará sus destinos de forma polifónica. Los analistas más lúcidos de Europa piensan que este tratado tiene, en sí, un objetivo doble únicamente al servicios de los intereses de Estados Unidos: contrarrestar el ascenso permanente de China y convertir a la Unión Europea en una zona de libre intercambio carente de toda identidad y proyecto político de envergadura (Frédéric Farah, profesor de Economía, diario Libération).