Cientos de miles de personas salieron ayer a las calles de Chile, por segunda vez en un mes y sin incidentes, para reclamar el fin del sistema privado de jubilaciones y pensiones que rige desde 1981, cuando el país estaba bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y que la presidenta socialista Michelle Bachelet procura reformar pero no eliminar.

Sólo en Santiago marcharon unas 80.000 personas, según Carabineros, o 600.000, según los organizadores, y las manifestaciones se replicaron en más de 50 ciudades y 250 comunas, informó la prensa local.

El movimiento No+AFP, convocante de la protesta, estimó que en todo el país participaron de la demostración alrededor de 1,3 millón de personas, cerca del doble de las 750.000 que dicha agrupación había calculado en la primera ocasión, el 24 de julio pasado. AFP es la sigla de las administradoras (privadas) de fondos de pensiones.

“La voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición y este clamor que hacemos con mucha humildad, pero con mucha fuerza, también”, afirmó el coordinador de No+AFP, Luis Messina.

“Somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales dejen de estar al servicio de los grupos económicos y que de una vez por todas se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores y las trabajadoras”, expresó el dirigente durante su discurso.

Además de subrayar que la protesta iba a completarse con un cacerolazo, Messina advirtió que si el gobierno no accede a los reclamos, “será inevitable” llamar a una huelga general en “todo el territorio nacional” para el 4 de noviembre.

El 10 de este mes, Bachelet anunció por cadena nacional de radio y televisión el inminente envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar el sistema previsional, pero sin eliminar el régimen privado y agregando a éste una AFP estatal.

“Fortaleceremos el carácter solidario del sistema; nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto y tripartito, incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores, los empleadores y el Estado”, dijo entonces la mandataria. “Deberemos realizar cambios de parámetros que se usan para estimar las pensiones y asegurar que el sistema no sólo sea justo sino sustentable”, agregó.

“Continuaremos adelante con la creación de una administradora de fondos estatales, que introduzca más competencia, que sea una alternativa para los que la quieran y que acoja a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura previsional”, detalló Bachelet.

Parte de la motivación de los manifestantes que reclaman el fin del régimen privado se relaciona con los haberes previsionales de altos cargos de fuerzas armadas y de seguridad, que en algunos casos equivalen a cerca de 50 jubilaciones mínimas.

Cuando en 1981 se impuso el sistema privado de jubilaciones y pensiones, el gobierno de Pinochet dejó fuera de él a las fuerzas armadas y de seguridad, que continúan en el antiguo sistema de reparto estatal y asigna a sus jubilados haberes similares a los que perciben quienes están en actividad. En cambio, los cotizantes del sistema privado perciben al jubilarse haberes equivalentes a entre un tercio y la mitad de lo que ganaban durante la vida laboral activa.

En abril de 2014 Bachelet creó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, presidida por el economista David Bravo, que entregó en septiembre del año pasado su informe final con propuestas para mejorar el sistema de pensiones, pero ninguna de ellas hasta ahora ha sido discutida en el Congreso.

Pocos días antes de la primera manifestación, en julio pasado, seis legisladores de la coalición gobernante Nueva Mayoría presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional que incluye el fin del sistema de AFP y su reemplazo por un sistema público y solidario de cotización, a ser solventado por los trabajadores, los empleadores y el Estado.