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Por Javier del Pino *
Desde Washington

Estados Unidos ha puesto sobre la mesa de negociación todo el calendario y las opciones electorales para el futuro de Irak, salvo un detalle: la fecha para la devolución de la soberanía ha de mantenerse en el 30 de junio. El presidente Bush está dispuesto a ceder terreno a la ONU, a devolver protagonismo a países marginados en el proceso, a cambiar el sistema electoral elegido y a modificar los planes para la redacción de una Constitución, pero se niega a alterar la fecha para la devolución de la soberanía porque no renuncia a hacerla coincidir con el momento clave de la campaña electoral de Estados Unidos.
En los últimos días, la Casa Blanca ha recibido presiones de todo tipo para aceptar propuestas alternativas al calendario diseñado hace meses. Según el diario The Washington Post, el gobierno de EE.UU. está tan resignado a alterar el ciclo previsto que ha redactado ya una lista de posibles cambios al proceso político establecido para Irak. El gobierno del presidente George W. Bush empieza a reconocer que quienes piden elecciones antes de la transferencia de la soberanía han convertido sus voces en un clamor. Y sabe también que la estabilidad política del país necesita dos apoyos que Washington había despreciado hasta ahora: el de Naciones Unidas y el del gran ayatolá Alí al Sistani, la máxima autoridad espiritual chiíta. Sólo la ONU puede dar credibilidad al proceso y sólo el ayatolá puede lograr que los resultados sean aceptados por la mayoría de la población.
Según fuentes del gobierno de EE.UU. citadas por The Washington Post, que el plan de Bush dependa del organismo al que dio la espalda y de un líder religioso que no ha salido de su casa en los últimos seis años no debe contemplarse como una prueba de la precipitación con la que se ha diseñado el calendario: “Siempre hay diferentes puntos de vista. En cualquier momento dado se puede pensar que estamos al borde del abismo, pero creo que estamos mejor de lo que estábamos”, asegura un miembro del círculo presidencial.
En los contactos de la semana pasada con Naciones Unidas, el gobierno de EE.UU. aceptó someter a negociación todo el proceso excepto la fecha del 30 de junio por la transferencia de la soberanía, convertida por la Casa Blanca en el elemento prioritario de la campaña de George W. Bush para la reelección presidencial. “Siempre que se respete ese calendario, están dispuestos a escuchar cualquier sugerencia”, dijo un alto cargo de la ONU. Una de las opciones cuenta ya con el apoyo de Adnan Pachachi, presidente de turno del Consejo de Gobierno provisional iraquí, que desea la expansión de ese organismo desde los 25 miembros actuales hasta 125, o quizás más. Esta modificación permite dar a los órganos de gobierno una mayor representación chiíta. La maniobra pretende ganarse el apoyo del ayatolá Al Sistani, que indirectamente ya parece haber indicado su disposición a aceptar ese arreglo si le permite ejercer un control mayor sobre el proceso electoral.
De momento, EE.UU. estudia vías alternativas a la fórmula electoral que culminaría con el nombramiento del gobierno de transición que deberá asumir la soberanía. La Casa Blanca había optado por la celebración de caucuses similares a los que se llevan a cabo en algunos estados de EE.UU. Ese sistema permite obtener un resultado rápido, pero poco creíble, porque los delegados territoriales a los que se permite votar dependen directamente del Consejo de Gobierno y componen, de ese modo, un reparto artificial de las mayorías.
Si el equipo de expertos que Naciones Unidas prevé enviar a Irak determina que deben celebrarse elecciones inmediatamente, EE.UU. optaría por transferir el poder a un Consejo de Gobierno ampliado. Eso salvaría su obsesión por dar carácter histórico al 30 de junio. A partir de ahí, las opciones son muchas. La primera pasa por ampliar los caucuses para introducir una mayor representación de ciudades y provincias que ahora quedan excluidas del proceso. Otra opción consistiría en abrir el proceso electoral a quien quiera participar en él, con sólo dos restricciones: por edad y por antecedentes delictivos. Y la tercera culminaría en elecciones generales abiertas.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.