Desde Lima

Esperaron 31 años para que se les haga justicia. Fue una dolorosa espera. Años de dura y tenaz lucha. Esta semana la larga impunidad llegó a su final. Diez militares, entre ellos un general y dos coroneles, fueron condenados a penas de entre 10 y 25 años por el asesinato de 69 campesinos, la mayor parte de ellos niños y mujeres. La matanza ocurrió en el andino poblado de Accomarca, en agosto de 1985, cuando el ex presidente Alan García iniciaba su primer gobierno.

Fueron diez los militares condenados por la brutal matanza de campesinos de Accomarca, pero solamente uno de ellos está preso, el mayor Telmo Hurtado, que siendo subteniente dirigió la patrulla que cometió la masacre. Los otros nueve militares condenados estaban con libertad durante el largo proceso judicial, que duró más de cinco años, y ahora están prófugos. Estuvieron asistiendo al juicio, pero no fueron el día que se iba a leer la sentencia. Once militares nunca se presentaron al proceso y para ellos se ha reservado la sentencia. Otros siete militares fueron absueltos.

Esta sentencia es la primera que se da contra los responsables de una matanza masiva, de las muchas que ocurrieron contra comunidades campesinas durante los años de plomo de la guerra interna de los años 80 y 90. La sentencia, en una decisión fundamental considerada como histórica, señala que la matanza no fue un hecho individual y aislado, como todos estos años ha repetido la versión oficial, sino que fue ejecutada por una orden superior como parte de un plan militar.

“Esta es una sentencia muy importante porque señala que el crimen de Accomarca fue consecuencia de una orden militar superior producto de una planificación, ocurrida en un contexto de violaciones a los derechos humanos. La sentencia desbarata la versión oficial que fue un acto aislado y señala que fue producto de una política sistemática del Estado de violaciones a los derechos humanos para combatir la subversión armada. Eso es lo sustancial de esta sentencia, que debe marcar un precedente en esa línea, de que hechos como el de Accomarca fueron parte de una política de Estado”, le señaló a Página/12 Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, que en este proceso ha representado a los familiares de las víctimas.

Al calificar el crimen masivo de Accomarca como producto de una orden militar superior, el tribunal sentenció al general Wilfredo Mori, jefe militar de la zona donde ocurrió la matanza, a 25 años, al calificarlo como autor mediato del múltiple asesinato. Dos coroneles que formaban parte de su Estado Mayor, Nelson Gonzales y Carlos Delgado, recibieron sentencias de 24 años. Los jefes operativos de la patrulla que cometió la masacre, los entonces subtenientes Telmo Hurtado y Juan Rivera, fueron condenados a 23 años. Cinco soldados que formaban la patrulla militar recibieron penas de 10 años. El tribunal calificó la matanza como “un asesinato múltiple con gran crueldad”, que definió como “un crimen de lesa humanidad”.

La escalofriante historia de Accomarca, comunidad campesina ubicada en la región andina de Ayacucho, epicentro de la guerra interna, comenzó el 14 de agosto de 1985. Ese día, temprano, la patrulla militar “Lince” llegó al pequeño pueblito de rústicas casas de adobe. El gobierno civil les había dado a los militares el control absoluta de la zona para enfrentar al maoísta Sendero Luminoso, que cinco años antes había iniciado sus acciones armadas. Bajo las órdenes del subteniente Telmo Hurtado, quien estaba acompañado por el también subteniente Juan Rivera, los militares sacaron a golpes a los pobladores de sus casas. Casi todos los reunidos eran niños, mujeres y ancianos. Los hombres habían salido muy temprano a trabajar en sus sembríos.

Encerraron a los pobladores en dos viviendas. Separaron a las mujeres y las violaron. Algunas de ellas estaban embarazadas. Después ametrallaron las dos casas de adobe en las que habían obligado a entrar a los pobladores. Cuando terminaron los disparos, los militares arrojaron granadas incendiarias a las dos viviendas. La matanza estaba consumada. Ese día fueron asesinados 30 niños, 27 mujeres y 12 hombres.

La masacre no pudo ser ocultada y cuando se hizo pública el Congreso nombró una comisión investigadora. Los parlamentarios que entrevistaron a Hurtado no podían creer lo que escucharon decir al jefe de la patrulla militar. Hurtado justificó la matanza acusando a los campesinos muertos de ser “terroristas”. Cuando le preguntaron por la treintena de niños que fueron asesinados por orden suya, respondió: “Uno no puede confiarse de una mujer, un anciano o un niño (...) los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años (...) los van ganado (los terroristas) para su causa”. Insistió que la matanza había sido “una decisión correcta”. Hurtado sería protegido por los gobiernos de Alan García y Fujimori y siguió en el ejército hasta que huyó a Estados Unidos después que el año 2000 se anuló una ley de amnistía dada por Fujimori. En 2011 fue extraditado al Perú.

La historia oficial construyó el relato de una matanza producto de una decisión individual y aislada de un jefe militar enloquecido por la guerra. La sentencia del tribunal del caso Accomarca, que la ha definido como parte de una política de Estado, ha dejado sin piso esa coartada oficial.

Ahora esta sentencia deberá ser revisada por la Corte Suprema. “Esperamos que la Suprema ratifica esta sentencia que señala que lo ocurrido en Accomarca fue parte de una política de Estado. Hay un caso con pruebas sólidas en ese sentido”, dice el abogado Carlos Rivera.

De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, durante la guerra interna en los años 80 y 90 hubo cerca de 70 mil víctimas, el 75 por ciento de ellas pobladores indígenas quechua hablantes de las zonas andinas, como los campesinos asesinados por la patrulla de Telmo Hurtado por órdenes superiores. Después de 31 años se ha hecho justicia con las familias de las víctimas de la brutal matanza de Accomarca, pero todavía quedan muchos otros casos similares en los cuales se sigue esperando justicia.