Sábado, 3 de septiembre de 2016 | Hoy
EL PAíS › TESTIMONIOS DE COMO EL AJUSTE REPERCUTE EN CADA PROVINCIA
Desde Jujuy, Entre Ríos, Mar del Plata y San Juan marcharon a la Plaza de Mayo con la decisión de poner el cuerpo, “movilizarnos” para denunciar los derechos que se perdieron en los ocho meses del gobierno de Cambiemos.
Por Carlos Rodríguez
Hugo Balderrama es jujeño, tiene 26 años, es integrante de la Tupac Amaru, donde milita en el área de la diversidad sexual. Es gay, vive con su pareja, y ambos han podido adoptar un bebé “gracias a las gestiones que hizo por nosotros Milagro Sala”. Embanderado con el emblema de la organización, formó parte de la gruesa columna de hombres, mujeres y niños que llegaron a Buenos Aires “para pedir la libertad de Milagro, pero también para que terminen los despidos y que se reactive el trabajo para todos, porque la situación en la provincia es insostenible para los trabajadores”. Hugo forma parte de una Cooperativa de Construcción que desde diciembre viene sufriendo “persecución, discriminación y todo eso se transforma en pérdida de trabajo para todos nosotros”.
En diálogo con Página/12, afirmó que “la misma situación es la que están viviendo los trabajadores de la Salud, de la Educación y del Cemir, una institución que brinda apoyo a los chicos ‘especiales’, hijos de los cooperativistas, dándoles apoyo escolar y aportando tratamientos que ninguna otra institución les brinda”. La situación es muy grave en las cooperativas porque se hizo cargo de ellas el gobierno de Gerardo Morales, quien “en el mes de enero prometió mantener los puestos de trabajo y la productividad, pero hizo todo lo contrario, de manera que es muy difícil la situación que viven 120 trabajadores de las cooperativas de construcción, 60 del Cemir y más de 150 que trabajan en otras áreas de la Educación”. El Cemir, en sus comienzos, funcionaba en cuatro viviendas del barrio de la Tupac Amaru, pero dada la gran demanda de los vecinos, se pudo construir un complejo que es “un orgullo para Jujuy, pero que hoy está pasando una crisis similar a la que está ocurriendo en todo el país en materia educativa”. En su momento de mayor apogeo daba asistencia a más de cien niños y adultos.
Juana Cartes es maestra y vive en un barrio periférico de la ciudad de San Juan, en la provincia cuyana, junto con su marido, también docente, y los cinco hijos del matrimonio. “En la provincia, desde diciembre del año pasado, la educación y la mayoría de las actividades laborales están en crisis. Yo trabajo en dos escuelas y como no vivo cerca del centro, entre viaje y viaje pierdo entre dos y tres horas, porque tengo tiempo libre entre clase y clase, de manera que estoy muchas horas fuera de mi casa, de manera que para ganar un sueldo muy bajo, de 6500 pesos, tengo que pasar mucho tiempo fuera de mi casa y contratar a una persona para que los cuide”. Resaltó que la situación se agravó “por el aumento de las tarifas de los servicios y porque los docentes sanjuaninos tuvimos una paritaria que fue a la baja y que nos dejó prácticamente desamparados, sin posibilidad de poder conseguir un aumento salarial mejor, porque las organizaciones gremiales locales no nos dan ninguna respuesta, ninguna solución; por esa razón estamos con mi marido en Buenos Aires, participando de esta marcha para que el gobierno nacional cambie una política general que nos está afectando a todos en todo el país, no sólo en Buenos Aires”. Cuando se le pide tomarle una fotografía para acompañar su testimonio, responde: “Perdonen, pero no puedo, porque estamos con miedo a las represalias”.
Alejandra y Jorge forman un matrimonio que se define como “militantes kirchneristas” que llegaron a Buenos Aires “porque las políticas nacionales están repercutiendo negativamente en nuestra ciudad, a pesar de que tenemos un intendente (de Gualeguaychú) que es un compañero nuestro”, en referencia a Esteban Martín Piaggio, del Frente para la Victoria. Señalaron que “el problema es que tenemos un gobernador (de Entre Ríos) que, a pesar de ser peronista (Gustavo Bordet), está trabajando en total acuerdo con el gobierno nacional, de manera que la situación que atravesamos es cada vez más difícil y la única salida que vemos es la movilización, por eso nos vinimos a la marcha por nuestros propios medios porque los argentinos no nos podemos resignar a perder los que habíamos ganado en doce años de gobierno”. Alejandra es la que más habla, mientras su marido mueve su cabeza en señal de consentimiento: “Nosotros le pedimos a los jóvenes que se movilicen, que participan, que luchen por sus derechos, porque si perdemos lo que habíamos conseguido en doce años, vamos a tener un retroceso general de 50 años y no lo podemos permitir de ninguna manera”.
Rocío Rodríguez es maestra, afiliada a la filial del Suteba de Mar del Plata. Su marido, Ignacio Iriarte, es doctor en Letras y trabaja en la delegación del Conicet, en la misma ciudad. Se vinieron a Buenos Aires para participar de la Marcha Federal, trayendo en brazos a una hija con nombre de tango: Gricel. “Estamos acá porque nos están destruyendo todos los planes educativos por los que tanto hemos luchado y que ahora están siendo desmantelados por la política que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri”, afirmó Rocío Rodríguez, abriendo el juego. Agregó que “la situación está cada vez más complicada en nuestra ciudad, porque el intendente de Cambiemos (Carlos Fernando Arroyo), cumple al pie de la letra lo que se decide a nivel nacional y muchos logros educativos están sufriendo retrocesos muy graves por despidos, falta de presupuesto y la situación es cada vez más desesperante, porque otra vez están siendo perjudicados por las políticas públicas los que menos tienen, los que habían empezado a tener acceso a la educación, a pesar de las dificultades”. Su esposo dijo que “por ahora, al menos por ahora” no se están produciendo “cambios en el Conicet tan negativos como los que señala mi mujer, pero bueno, de todos modos hay expectativas y temor de que la cosa se vaya complicando”. Los dos se manifestaron “preocupados” por las políticas represivas, en materia de seguridad, dispuestas por el intendente Arroyo y por el auge de las actividades de grupos neonazis en Mar del Plata.
Roberto Páez es secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores del Casino de Mar del Plata. “La situación que estamos viviendo en nuestra ciudad es gravísima para los trabajadores desde que el 10 de diciembre asumió el intendente de Cambiemos (Carlos Fernando Arroyo), un hombre que tiene un pasado ligado a la dictadura militar y que sigue demostrando esa línea política en todo sentido”. Páez precisó que “todas las actividades productivas que generan trabajo en Mar del Plata, sobre todo la industria textil, la actividad pesquera y el turismo, las más importantes, están en crisis, al punto que es la segunda ciudad del país con el más alto índice de desocupación: el 12 por ciento, según un informe del Indec que se conoció la semana pasada”. Páez sostuvo que “lo que ocurre es producto de una política pública del gobierno nacional que va a tener consecuencias nefastas para los trabajadores si no le ponemos freno a través de la movilización y la lucha unificada de todo el campo social”.
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