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La crisis en Bolivia ha conocido un nuevo giro. El gobierno de Carlos Mesa denunció que un “grupo irregular antidemocrático” pretendió la toma violenta del Parlamento y su posterior cierre, según un comunicado oficial difundido ayer. “Durante la segunda semana del mes en curso, los Servicios de Seguridad del Estado detectaron un plan para la toma violenta de las instalaciones del Congreso nacional y cierre del Parlamento, por parte de un grupo irregular conformado por personas pertenecientes a distintas agrupaciones antidemocráticas”, señala el informe. Según el despacho de gobierno, del cual dependen los servicios de inteligencia, la acción iba a ejecutarse el martes 20 último, pero “fue neutralizada, al tomarse las previsiones debidas”, pero no identificó a las organizaciones que formaban parte del plan.
El comunicado oficial surge dos días después de que el Parlamento resolviera cambiar la sede de sus funciones de la ciudad de La Paz a otra ciudad, en caso de producirse una nueva rebelión social como la que en octubre derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente Carlos Mesa ha lanzado clamorosos mensajes a los parlamentarios para garantizar el normal funcionamiento de sus actividades, en medio de la amenaza de la izquierdista Central Obrera Boliviana (COB) de movilizar a los trabajadores bolivianos contra el Parlamento si es que los legisladores no reducen sus salarios de 20.000 bolivianos (unos 2500 dólares). La toma violenta del Parlamento por un grupo irregular fue revelada el miércoles pasado por el mismo presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, del socialdemócrata Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, lo que alimentó la decisión de los congresistas de buscar nuevas instalaciones en otra ciudad.
La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y cuyas oficinas se hallan ubicadas en la Plaza de Armas, y su vecina El Alto fueron escenarios durante los meses de febrero y octubre de 2003 de violentos enfrentamientos callejeros que dejaron un saldo estimado de 100 muertos. El Ministerio de Gobierno informó que por expresa instrucción del presidente Mesa se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del Congreso nacional. Evo Morales, el influyente diputado indigenista del Movimiento al Socialismo, denunció en la víspera la desaparición de 60 ametralladoras de la Novena División de Ejército, acantonada en la zona productora de coca del Chapare (centro), como parte de una acción destinada a desestabilizar el gobierno de Mesa, quien acaba de cumplir tres meses y medio en el poder. Según Morales, ex candidato a la presidencia, el armamento estaría siendo utilizado para organizar “grupos paramilitares de extrema derecha”.