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@“Este conflicto no va a tener solución en los próximos años”, dice el analista en seguridad Juan Ramón Quintana Taborga refiriéndose al reclamo boliviano por una salida soberana al mar. Hace unas semanas, en la cumbre de Monterrey, el presidente de Bolivia Carlos Mesa exigió a Chile un acceso marítimo para su país desatando una ola de adhesión entre los bolivianos. Quintana, que dirige el Observatorio Democracia y Seguridad de Bolivia, aborda el problema en este reportaje para Página/12.
–¿Es posible un conflicto armado con Chile?
–Es altamente improbable. A pesar de la estridencia que ha tenido el tema, los dos países privilegian una solución diplomática. Y las fuerzas armadas bolivianas tampoco pretenden desbordar la autoridad del Poder Ejecutivo. Así que mantienen una suerte de “vigilia estratégica”. Hasta ahora los esfuerzos diplomáticos de Bolivia han sido estériles, pero en ningún momento la disputa ha escalado a un punto que pudiera derivar en otro conflicto armado. Los momentos de más tensión fueron en la década del ’20, cuando el protocolo que se firmó en el ‘29 entre Chile y Perú tensionó las relaciones chileno-bolivianas. Y hubo movimientos de tropas en la frontera. Fue la última vez que hubo una actitud de legítima defensa en cada una de las fronteras.
–¿Hay alguna solución a la vista?
–No en los próximos años. La posición de Chile va a seguir siendo intransigente. La capacidad de despliegue de su diplomacia en los foros internacionales es superior a la boliviana, que es extremadamente inestable. Lo que Bolivia seguramente logrará es la simpatía de la comunidad internacional.
–¿Cómo es la situación militar después de la caída del presidente Sánchez de Lozada?
–Hay incertidumbre sobre el desarrollo de la situación política. Las fuerzas armadas han sido muy golpeadas por el desastroso manejo de la fuerza pública por parte del ministro de Defensa de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín. Los militares temen que se instale el juicio de responsabilidades contra el gobierno anterior y que el alto mando que lideró la represión en la ciudad de El Alto también tenga que enfrentar un juicio.
–¿La cúpula militar de la gestión de Sánchez de Lozada sigue en servicio?
–No, sólo quedó un oficial del gobierno anterior, el almirante Aranda, que hoy es comandante en jefe de las fuerzas armadas y que por principios éticos tendría que haber renunciado. El resto del alto mando fue removido.
–¿Cómo es que Mesa renovó a toda la cúpula menos a un oficial que ahora es nada menos que comandante en jefe?
–Le correspondía a un oficial de la fuerza naval (N. de la R: los bolivianos tienen barcos en el lago Titicaca) asumir el mando de las fuerzas armadas. Y el único oficial disponible, por un procedimiento de rotación permitido en la Constitución, pudo ascender como comandante en jefe. Legalmente, su designación es correcta, pero fue un error político.
–¿Cómo describiría a las fuerzas armadas bolivianas?
–Al igual que todas las instituciones del Estado de nuestro país, tienen una arquitectura social colonial: los más altos oficiales son de clase media y de piel blanca. Y la mayoría de los soldados son indígenas. Esta es una fuerza no profesional que se sostiene con el reclutamiento masivo del servicio militar obligatorio.
–Usted está en contra del servicio obligatorio.
–Sí, estoy a favor de un servicio profesional que elimine todas las anomalías que existen en las fuerzas armadas. El servicio obligatorio es el factor de ajuste económico, político y étnico. Sobre los soldados indígenas descansa todo el esfuerzo que hace el país en relación a la defensa. Sufren un doble maltrato: en términos económicos, son súbditos maltratados por el Estado. Y sufren vejámenes y violaciones a los derechos humanos por parte de la propia institución militar. Cuando hubo un recorte sustancial en el presupuesto de Defensa, éste sólo afectó la calidad de vida de los soldados. Y con la precariedad económica del ejército, los soldados terminan subvencionándolo. Hacen trabajos serviles y son sometidos a contratos ilegales por los que no reciben un peso. Muchos han muerto haciendo estos trabajos.
–¿Qué tipo de trabajos, exactamente?
–Zafras y cosechas en tierras particulares. Es un sistema de alquiler de mano de obra barata donde los oficiales actúan como capataces. Hubo un caso famoso en Santa Cruz: en 2003, el propio ministro de Defensa, Freddy Teodovich Ortiz, firmó un convenio con una empresa que cosecha macororó, que se usa para fabricar laxantes y aceites. Y sometió a más de 500 soldados a una explotación laboral que luego terminó con su destitución.
–Y entonces lo reemplazó Berzaín, que utilizó al ejército en la represión social que hizo caer al gobierno.
–Exacto. Lo que hizo confirma el racismo estatal en Bolivia. Ante el miedo de que los soldados indígenas no reprimieran a sus hermanos en El Alto, Berzaín movilizó a los soldados del altiplano hacia el Este y trajo soldados de la parte amazónica a El Alto. Los que reprimieron allí fueron tropas especiales, que combaten al narcotráfico. Si se hubiera mantenido a los soldados indígenas en El Alto, hubiera sido una catástrofe para las FF.AA. Probablemente se hubieran resistido a reprimir a sus hermanos y desertado en masa.
–Volviendo al caso de un posible conflicto armado, ¿Chile ganaría?
–Las fuerzas bolivianas viven en la miseria. Su presupuesto de defensa no supera los 123 millones de dólares, mientras que el chileno es de 1600 millones. El armamento chileno –tanques modernos, aviones F-16, etc.– y la profesionalidad de sus fuerzas hacen que Chile tenga una superioridad radical frente a Bolivia. El PBI de cada país nos da una idea de esta asimetría: Bolivia tiene unos 8000 millones de dólares, frente a 70.000 millones de Chile.

Reportaje: Milagros Belgrano.