La llamada Jungla de Calais, donde se hacinan más de 6000 migrantes en una decena de hectáreas, se formó apenas empezado 2015. Su desmantelamiento comienza mañana.

En el verano de 2013, al menos 500 migrantes se refugiaron en la zona portuaria de esta ciudad de 75.000 habitantes. Su meta: llegar a Inglaterra para reunirse con familiares o encontrar trabajo.

A finales de 2014, había algo más de 2000, sobre todo hombres solteros procedentes de Africa, Siria y Afganistán. Frente a esta afluencia, que suscita un creciente malestar entre la población, las autoridades abrieron en enero de 2015 un centro de acogida diurno, con la distribución gratuita de comida, a una media hora a pie al este del corazón de la ciudad, cerca de las dunas.

Como este centro era difícil de encontrar, los migrantes comenzaron a instalarse en los alrededores, en lo que dieron en llamar la “new Jungle”, tolerada por las autoridades.La evacuación de dos “microjunglas” del centro de la ciudad obligó a los migrantes a ir al “campamento de la landa”, el nombre oficial.

Al comienzo de junio estallaron las primeras refriegas entre las distintas comunidades de esta seudociudad levantada en desorden, con sus iglesias, mezquitas, tiendas y restaurantes.

En el terreno, la situación se crispó, como preludio de un verano complicado. Las muertes de migrantes se multiplicaron en la vía de circunvalación pero también en el túnel del Canal de la Mancha, donde algunos intentaban subirse a las naves de transporte. Se contabilizaron hasta 2000 intrusiones por noche. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, y su homóloga británica de entonces Theresa May visitaron Calais el 20 de agosto. Su mensaje: ¡no se pasa! Los migrantes empezaron a tener más dificultades para cruzar y la cifra se duplicó: a mediados de octubre había 6000.

A finales de octubre, la alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, reclamó en vano la intervención del ejército. Varias asociaciones recurrieron a los tribunales, que impusieron al Estado varias remodelaciones sanitarias. La prefectura empezó a enviar migrantes a centros de acogida y de orientación.

En noviembre estallaron enfrentamientos entre migrantes y policías. Las autoridades denunciaron que había activistas de extrema izquierda No Border implicados. Para apaciguar los ánimos, se decidió mejorar las condiciones de alojamiento con un centro de acogida provisional (CAP) con capacidad para 1500 personas.

Paralelamente se decidió desmantelar, a finales de febrero de 2016, la zona sur del campamento. Unos iraníes se cosieron la boca en señal de protesta.

Cansados de ver que su ciudad acaparaba titulares, 500 habitantes de Calais se manifestaron en marzo en París. En este contexto, los migrantes sufrieron agresiones nocturnas. Otros se solidarizaron con ellos, como los artistas Jude Law, Jordi Savall y Banksy.

En primavera las cosas no mejoraron. En las carreteras se levantaron barricadas con troncos de arboles para bloquear los camiones que iban a Inglaterra.

Después del verano, los problemas se acumularon. Transportistas, agricultores y comerciantes llevaron a cabo una protesta en Calais y se construyó un muro “antiintrusión” en la circunvalación.

El 26 de septiembre, el presidente François Hollande anunció el desmantelamiento para “antes de finales de año”. Un tribunal le dio luz verde el 18 de octubre.

Ante la inminencia de la evacuación del campo, ayer la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó sobre las consecuencias del desmantelamiento de la llamada Jungla de Calais para los menores que viven en ese campamento de inmigrantes, y exigió a Francia y al Reino Unido que les encuentren un refugio seguro antes de la evacuación, cuyo comienzo está previsto para mañana. Según un comunicado de la organización dedicada la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, los dos países tienen la responsabilidad de actuar rápido y garantizar que esos menores están protegidos.

El desmantelamiento anunciado ayer, que se prolongará cerca de una semana, afecta a la zona norte del campamento, dado que la parte sur ya se evacuó el pasado marzo. HRW denunció que durante la última operación se perdió el rastro de 129 menores. Actualmente, según estimaciones policiales, viven allí unos 900 niños no acompañados, si bien algunas ONG elevan esa cifra a entre 1300 y 1600.

La organización señaló que unos 400 menores tienen derecho a cruzar legalmente de Calais (norte de Francia) al Reino Unido, debido a los familiares que tienen en suelo británico, pero dio la voz de alerta sobre la situación del resto. La mayoría permanecerá en Francia, donde, de acuerdo con sus datos, “hay muy pocas plazas disponibles en los centros de recepción”.

La ONG afirmó que el campamento no es un buen lugar para esos menores, pero consideró que los riesgos a los que se exponen en él, como la violencia o la explotación sexual, se incrementarán si el campamento se desmantela sin ofrecerles una protección y cuidado adecuados.

El desmantelamiento del improvisado campo de refugiados movilizará a unos 1250 policías y gendarmes y el plan previsto por las autoridades francesas prevé que los más de 6400 inmigrantes que viven en él sean trasladados a los diversos centros de acogida y orientación del país.