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Nuevas denuncias divulgadas en las revistas Epoca y Veja contra dirigentes petistas avivan el escándalo que salpica al oficialista Partido de los Trabajadores (PT). El “Waldogate”, como lo llama la prensa y que ha hecho temblar la Bolsa de Valores de San Pablo, reveló que la poderosa mafia del juego de azar tenía conexiones en la antesala del poder en Brasil y provocó la primera crisis del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. El escándalo político estalló hace una semana después de que Epoca difundiera un video que muestra a Waldomiro Diniz –quien el año pasado trabajó como asesor del jefe de Gabinete, José Dirceu, brazo derecho de Lula– pidiendo coimas a un jefe de la Lotería clandestina para financiar campañas electorales en 2002. Ayer, Epoca divulgó que Diniz realizó tráfico de influencias durante la actual administración. El mandatario garantizó que las denuncias serán investigadas a fondo y anunció que prohibirá los bingos en el país.
Se trata de la misma revista que hace una semana desató el escándalo al divulgar un video de Diniz pidiendo coimas para campañas electorales de 2002 a Carlos Augusto Ramos. En el video, el ex funcionario asegura que es para dos candidatos regionales del ahora gobernante PT. El video fue divulgado precisamente cuando un grupo de trabajo del gobierno se aprestaba a recomendar la reglamentación de los locales de bingo. Diniz fue inmediatamente destituido. Además, la revista reveló que el 6 de enero pasado, Diniz volvió a reunirse con Cachoeira. Los dos tuvieron un encuentro con dos directores de la multinacional Gtech, empresa que discutía la renovación de un contrato de 130 millones de dólares para operar las loterías de la (banca estatal) Caixa Económica Federal. Según ese medio, “un alto funcionario de la multinacional cuenta que, al regresar de una de las cinco reuniones (un representante de esa empresa) comentó con directores de Gtech el descaro de Diniz, que habría pedido un extra por la renovación del contrato”.
El escándalo desestabilizó al gobierno. Lula le solicitó a su ministro de Justicia que anuncie una investigación por el Ministro Público y por la Policía Federal. Paralelamente, el gobierno aplica una estrategia de defensa con dos objetivos prioritarios: proteger a Dirceu y limitar los daños en la opinión pública a ocho meses de las elecciones municipales. Esta defensa se apoya en dos premisas: que el gobierno actuó rápidamente destituyendo a Diniz y que los hechos ocurrieron en 2002, antes de que Diniz trabajara para el gobierno de Lula, que asumió el 1° de enero de 2003. Por otra parte, el gobierno está decidido a evitar la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que frenaría al gobierno y daría munición a la oposición. Pero esta estrategia se derrumbó en pocos días a raíz de los indicios de que los contactos de Diniz con Cachoeira continuaron en 2003, después de que asumiera sus funciones en el palacio presidencial como operador de Dirceu.
Por otra parte, el semanario Veja divulgó declaraciones del ex director de la Lotería en el estado de Rio Grande do Sul, José Vicente Brizola, quien aseguró que fue presionado para recaudar dinero entre empresarios de los juegos de azar para financiar ilegalmente las campañas electorales del PT. Brizola dijo que esos recursos habrían financiado parte de las campañas electorales del actual ministro de Educación, Tarso Genro, a la gobernación de Rio Grande do Sul, y de los entonces diputados Paulo Paim y Emilia Fernandes al Senado. Paim es actualmente vicepresidente del Senado y Fernandes fue ministra de la Mujer en el gobierno de Lula hasta enero.
Los partidos que apoyan al gobierno cerraron filas en defensa de Dirceu. José Genoino, presidente del PT, señaló que “el gobierno está actuando con rapidez y total transparencia”. Por otra parte, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, intentó despolitizar el tema atribuyendo la revelación del escándalo a una disputa mafiosa. Asimismo, los campesinos sin tierras de Brasil (MST) y la Central Unica de Trabajadores (CUT) denunciaron un “intento desestabilizador de la derecha” contra el gobierno. Así, estos pronunciamientos se sumaron a la primera intervención pública en el tema por parte de la Iglesia Católica, según la cual “hay problemas más graves en Brasil”.
Pero la oposición insiste en que Dirceu debe renunciar. El líder de la bancada de senadores del opositor Partido de la Social Democracia, Arthur Virgilio, dijo que, pese a “lamentarlo mucho”, Dirceu debe entregar su cargo o separarse del mismo mientras dure la investigación. El gobierno cuenta con los próximos cuatro días de Carnaval, que paralizan al país, para recuperar su aliento. Pero todos se preguntan sobre la suerte que correrá Dirceu. Según la prensa, el ministro presentó su renuncia a Lula el miércoles pasado. Lula le pidió que se quedara. La suerte del número dos del gobierno se transformó en un tema central.