[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Sorpresivamente, los fiscales del caso AMIA, Alberto Nisman, Miguel Angel Romero, Eamon Mullen y José Barbaccia, resolvieron enviar parte de su alegato al Consejo de la Magistratura para que sirva en el proceso de juicio político contra el juez Juan José Galeano. A lo largo de los nueve años y medio de investigación, los fiscales que actuaron en el caso, Mullen y Barbaccia, prácticamente acompañaron al juez sin hacerle cuestionamientos y con una estrategia más bien complaciente. Ahora, tras el escándalo desatado en el juicio oral porque se comprobaron varias irregularidades del juez, los fiscales se alinearon en una ofensiva que probablemente termine con Galeano –ya apartado del caso AMIA– destituido de su cargo de juez.
Los fiscales le enviaron el texto de su alegato al Consejo de la Magistratura y también a la diputada Nilda Garré, la primera legisladora que pidió el juicio político de Galeano. Además, existe una causa judicial, instruida por el juez Claudio Bonadío, a raíz de las denuncias formuladas contra Galeano durante la investigación del atentado.
Los apartes del alegato de los fiscales remitidos ayer al Consejo se centran principalmente en el pago que Galeano le hizo a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos, último tenedor de la Trafic usada como coche bomba. Durante el juicio oral quedó claramente comprobado el pago que en su momento reveló Página/12 en exclusiva e incluso quedaron evidencias de que el acuerdo con Telleldín incluía el marcado de una foto –la del subcomisario Raúl Ibarra– como el hombre que estuvo en el operativo en el que supuestamente retiraron la camioneta de la casa del Enano, como le dicen a Telleldín. La impresión que quedó en el recinto es que tanto la declaración como el marcado de la foto fueron armados entre el juez y Telleldín y tuvieron el objetivo de consolidar la acusación contra los policías bonaerenses.
“Se puede reconstruir en forma certera –dijeron los fiscales– que la decisión de pagarle a Telleldín la tomó el juez, utilizando como brazo ejecutor al grupo Sala Patria de la SIDE, y que dicho pago tuvo como objeto que éste ampliara su declaración indagatoria.” Con el fin de ratificar que la iniciativa la tuvo el juez, los fiscales señalan otros dos elementos:
u En el momento en que los familiares de Telleldín recibían el dinero, un alto funcionario de la SIDE llevaba al juzgado de Galeano un teléfono celular a cuyo número, y no a otro, debía llamar la esposa de Telleldín. Así ocurrió y, de inmediato, Telleldín amplió su indagatoria.
u Se argumentó en algún momento que los 400.000 dólares se le pagaban a Telleldín para garantizar la seguridad de su familia. “Sin embargo –dicen los fiscales–, tras su declaración ante el juez, y cuando supuestamente los peligros contra su familia eran mayores, se le quitó la custodia encubierta y cesó temporariamente la seguridad otorgada a su esposa.”
“Por lo tanto, se trató de un pago oculto e ilegal, del que se debió dejar constancia en el expediente, aunque fuera en un legajo reservado o secreto”, concluyen los fiscales.
En lo que constituye, de hecho, sustancia para el juicio político contra Galeano, los fiscales también mencionan una denuncia hecha en su momento por el secretario del juez, Claudio Lifchitz. Este funcionario señaló innumerables irregularidades de Galeano y en particular un trato realizado con el abogado de Telleldín, Gustavo Semorile. El letrado participó de una operación en la que policías bonaerenses, con Juan José Ribelli a la cabeza, extorsionaron a Telleldín: le sacaron dinero en efectivo, una moto y un auto, a cambio de dejarlo en libertad y borrar una causa judicial que le habían inventado. En lugar de imputar a Semorile por la extorsión, Galeano obligó a borrar ese delito de un acta, mientras que el abogado aceptó declarar en la causa y lo hizo como testigo de identidad reservada. “Se lo conminó a prestar testimonio contra Ribelli a cambio de no vincularlo con la extorsión”, redondean los fiscales.
Da toda la impresión de que el Consejo de la Magistratura e incluso el juez Bonadío están esperando el final del juicio oral para pronunciarse sobre Galeano. Todo indica que los propios jueces del Tribunal Oral en su fallo harán una durísima referencia a la actuación del juez y que también eso servirá para consolidar las acusaciones contra Galeano. Con esos elementos, es muy posible que Bonadío le impute distintos delitos y que el Consejo de la Magistratura lo destituya. Habrá que ver cómo evolucionan las acusaciones, pero Galeano corre riesgo de terminar entre rejas al final del proceso.