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La acción de unos 600 integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, que invadieron una hacienda de la familia del presidente Fernando Henrique Cardoso en la localidad de Buritis, estado de Minas Gerais, fue un mensaje harto explícito para que el gobierno reaccione y cumpla los reclamos de los trabajadores rurales. El gobierno reaccionó enviando a 300 efectivos entre policías y soldados para expulsar a los campesinos; el propio Cardoso calificó el hecho de “atentado a la democracia” y su ministro de Justicia, Aloyzio Nunes Ferrera, culpó al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de hacer “un acto político preelectoral”.
Cerca de 600 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) ayer invadieron una hacienda de la familia del presidente Fernando Henrique Cardoso en la localidad de Buritis, estado de Minas Gerais (centro-oeste), por falta de diálogo con la administración, como decía una nota del MST. De inmediato, el gobierno anunció el envío de unos 220 soldados y 80 policías federales –40 ya rodeaban el lugar– para expulsar a los campesinos, según informó el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Alberto Cardoso.
“Un atentado a la democracia”, fueron las palabras del presidente Cardoso desde Brasilia. Su familia obtuvo la orden de expulsión de los ocupantes de la finca de Corrego da Ponte, propiedad de los hijos del presidente brasileño. En tanto el ministro de Justicia, Aloyzio Nunes Ferrera, culpó al Partido de los Trabajadores (PT) de la invasión del MST, al que considera su “correa de transmisión”, y lo llamó un acto “político-electoral”. El PT negó tales acusaciones.
La ocupación sucedió luego de que el jueves y viernes las 80 familias que esperaban ser asentadas desde hace dos años quedaran al desamparo en Buritis por inoperancia de los representantes del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), según la versión del MST. Los sin tierra reclaman además la realización de peritajes en las haciendas de la región para el asentamiento de estas familias, y la liberación de recursos para el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (Pronera). Asimismo reclaman convenios de asistencia técnica a los asentados, construcción de escuelas y abastecimiento de agua, y un presupuesto para asentar a 80.000 familias acampadas en más de 600 campamentos en 23 estados de Brasil.