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En una medida sin consenso interno (ver aparte), la Argentina y un grupo de países americanos presentaron en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un proyecto que condena la situación de los derechos políticos en Cuba sin que figure la palabra condena, avala el avance en derechos sociales pero lo hace como un modo de marcar que deben avanzar los derechos cívicos y pide que La Habana acepte la visita de un comisionado especial. El texto es novedoso, aunque conviene aclarar que también en años anteriores la condena estaba dada bajo la forma de una exhortación. Pero parece improbable que cualquier observador internacional se acuerde de los fundamentos cuando el resultado de la votación, casi seguro el 19, termine señalando a Cuba entre los acusados por la comunidad de naciones.
El país que presenta el proyecto sobre Cuba es Uruguay, cuyo presidente Jorge Batlle venía haciendo gestos de acercamiento a los Estados Unidos con la ilusión de hacerse un lugar propio en el comercio con el gigante y de escapar del corralito argentino. Dos de los copatrocinantes son la Argentina y Canadá. Ambos pueden disputarse en el continente el título de mejor amigo de Washington, pero uno es perpetuo aspirante al amor de los Estados Unidos y el otro, al menos, integra el grupo de los siete países más ricos del mundo.
Este año las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos presentan una curiosidad. Como los miembros del organismo varían de año en año, los Estados Unidos no lo integran en este turno. Por eso, y por cuestiones de legitimidad diplomática, necesitaban un patrocinio ajeno para su deseo de condenar a Fidel Castro. Antes el papel lo cumplió la República Checa, pero anunció que no lo hará en este período. Por eso fue que Washington volvió a un objetivo que, en rigor, nunca pudo lograr: que los países del continente se hicieran cargo de sus intereses.
El texto que terminaron acordando los amigos de George W. Bush contiene estos puntos:
- Admite el esfuerzo de Cuba para lograr la plena vigencia de los “derechos sociales de la población, pese a un entorno internacional adverso”. El entorno es el embargo comercial de los Estados Unidos, pero no lo dice.
- Pide a La Habana “esfuerzos para obtener similares avances” en derechos civiles y políticos.
- Establece que en este campo los avances deberían realizarse “en consonancia con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y atendiendo a los principios y normas propios del Estado de Derecho”.
- De paso, “alienta al gobierno de Cuba a adherirse al pacto de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de Derechos económicos, Sociales y Culturales”.
- El procedimiento que sugiere el proyecto consiste en que la comisaria de derechos humanos de la ONU, Mary Robinson, envíe un inspector que elabore un informe y abra una discusión en el 2003.
Hasta ahora anunciaron que acompañarán a los patrocinantes Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Perú.
Venezuela votará con Cuba. Brasil se abstendrá. México también, y en principio hará lo mismo Colombia. En cuanto a Chile, todavía no hay una definición oficial. Hasta el momento la tendencia era que el gobierno de Ricardo Lagos se abstendría. De todos modos, la Concertación esperaba el proyecto de ayer para tomar una decisión final y zanjar diferencias internas. Los socialistas estaban por la abstención. Los democristianos, por la condena. Si la condena es suave, la DC podrá argumentar a sus socios que Chile no puede dejar de votar un texto más blando que el que aprobó en el 2000, cuando Lagos se asoció a Fernando de la Rúa, quien a su vez repitió el voto anticastrista de Carlos Menem.
Si alguno de los firmantes calcula que los cubanos estarán agradecidos por el tono del proyecto, ayer tuvieron evidencias de lo contrario. Iván Mora, representante en las Naciones Unidas, calificó al documento uruguayo de “acto de traición de los países que están sirviendo a los intereses de los Estados Unidos para que se perpetúe el genocidio contra el pueblo cubano”. Mora dijo que la iniciativa “puede servir de pretexto a aquellos que desean continuar la agresión contra Cuba” y agregó que La Habana “tomará medidas” contra los países que voten en sintonía con Uruguay.
El año pasado, sobre 53 miembros de la Comisión 22 votarán en contra de Cuba, 20 a favor y el resto se repartió entre ocho abstenciones y un ausente.
Duhalde tomó la decisión del copatrocinio al mediodía, después de conversar con el canciller Carlos Ruckauf, que la impulsaba desde antes, y con Batlle.
En el Gobierno había dos cursos de acción en potencia.
El que al final se impuso argumentaba que el texto es menos duro de los que la Argentina votó en el pasado reciente, bajo Menem y bajo Fernando de la Rúa, y que los Estados Unidos estaban de acuerdo con el proyecto.
El otro, favorable a la abstención, decía que la Argentina no está en condiciones de juzgar a ningún país del continente teniendo en cuenta no solo la situación económica sino los continuos informes sobre brutalidad policial. También señalaba que la moneda de cambio, el trade off de la jerga diplomática, no es tan evidente, cosa que quedaría probada por la bondadosa actitud de Anoop Singh al amenazar públicamente a la Argentina con el infierno si no aplica la ortodoxia monetaria del Fondo.