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A pie, en bicicleta o en carretas, los habitantes de La Paz y El Alto trataron de movilizarse en ambas ciudades paralizadas por una huelga de transportistas contra el aumento de los combustibles. La policía despejó las rutas con gases lacrimógenos y una patrulla fue incendiada por varios conductores furiosos. El transporte de pasajeros y cargas paró ayer por 24 horas en protesta por la negativa del presidente Carlos Mesa a extender a un año un decreto que entró en vigencia el lunes y congeló por 60 días el precio de los combustibles, medida que ya le costará al Estado boliviano 6 millones de dólares. El gobierno planteó, como una última propuesta, cambiar la matriz energética boliviana a gas natural comprimido como forma de mantener los precios para el transporte público.
El lugar mejor protegido fue el Palacio Quemado, en el centro de La Paz, al que el mandatario no pudo llegar debido al bloqueo de las rutas que lo conectan con la residencial zona sur, donde vive Mesa. El paro de transportistas colapsó el tráfico vehicular en El Alto y La Paz. Emplazados en neurálgicos puntos de paso, los choferes cerraron con sus vehículos las vías y sometieron a una ordalía a quienes se montaron en pequeños camiones o camionetas que circulaban desde y hacia La Paz. Los efectos de la huelga fueron más contundentes en La Paz, sacudida además por enfrentamientos. Los manifestantes desplegaron todas sus fuerzas sobre dos avenidas paralelas en la residencial zona sur de la ciudad, y con sus vehículos bloquearon las calles, en las que hacían guardia los choferes que blandían piedras y palos. A media mañana, la policía antidisturbios despejó las rutas con gases lacrimógenos y grúas que desplazaron varios vehículos, en su mayoría ómnibus, pese a la oposición de sus conductores. Luego, varios choferes exaltados asaltaron una patrulla policial y la incendiaron en medio de una avenida de ese exclusivo barrio que alberga la residencia de Mesa.
Simultáneamente al paro, miles de vecinos de El Alto, epicentro en octubre de 2003 de protestas populares que originaron la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ascenso de Mesa, caminaron 12 kilómetros al centro de La Paz para protestar contra el gobierno. Unas diez mil personas exigieron a Mesa congelar el precio de los combustibles, nacionalizar los hidrocarburos en manos de petroleras extranjeras y enjuiciar a Sánchez de Lozada, autoexiliado en Washington. Otra marcha de unos mil campesinos confluyó también en La Paz tras recorrer a pie unos cien kilómetros desde una comarca del Altiplano y pidieron la libertad de un dirigente agrario encarcelado por haber ordenado el linchamiento y quema en julio último de un alcalde aymara acusado de corrupción.