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Es la mano dura en un guante de terciopelo. “Simón Trinidad”, el guerrillero colombiano de más alto rango en prisión, será extraditado después del 30 de diciembre si las FARC no liberan antes de esa fecha a 63 secuestrados, según un ultimátum del presidente Alvaro Uribe que generó angustia en las familias de los rehenes. El gobierno autorizó la extradición la noche del viernes, pero señaló su disposición de revocarla si son liberados 59 colombianos y cuatro extranjeros que integran una lista de secuestrados de carácter político, a cambio de los cuales las FARC piden a unos 500 rebeldes, entre ellos Trinidad, actualmente en prisión.
Aunque el gobierno no identificó a los rehenes, se trataría de 22 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt –también de nacionalidad francesa–, cerca de 40 militares y policías, tres estadounidenses y un alemán. “El gobierno tenía dos opciones: la opción de –simplemente– ordenar la extradición y la opción de buscar, explorar, la posibilidad de una liberación de los secuestrados. Por el bien de Colombia, el gobierno una vez más dio un paso y escogió esta última opción”, declaró ayer Uribe. La decisión provocó este sábado diversas reacciones en sectores políticos, pero los familiares de los secuestrados rechazaron que el presidente pusiera una condición que –estiman– no deja espacio a la negociación de un acuerdo de intercambio humanitario. “De ninguna manera pueden condicionar el acuerdo humanitario a ese tipo de hechos. Una cosa es el intercambio y otra una negociación política. Las FARC dicen que si proceden a extraditarlo no hay acuerdo, y el presidente pone la regla al contrario: si los liberan no lo extradita”, lamentó Fabiola Perdomo, portavoz de las familias de 12 diputados provinciales cautivos.
Marleny Orjuela, portavoz de los parientes de los uniformados en poder de las FARC, expresó también su preocupación por el ultimátum de Uribe, pero dijo tener la esperanza de que la guerrilla acepte liberar a los rehenes. Una vez más, las familias de los secuestrados pidieron al gobierno y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que negocien cara a cara el pacto humanitario. Pero la decisión tuvo sus partidarios. Zulema Jattin, presidenta de la Cámara de Representantes, opinó que Uribe trata de llevar a las FARC hacia un diálogo. “Ojalá respondan con la misma buena voluntad y olvidando la indolencia que han mostrado en los últimos tiempos”, afirmó. “Veíamos con preocupación que se diera la extradición de Trinidad sin una posible liberación de los secuestrados. La decisión del presidente acerca la posibilidad del acuerdo humanitario”, opinó el congresista Carlos Chavarro. Sin embargo, y para el legislador Fernando Velasco, el gobierno le ha puesto un precio a la libertad de los rehenes. “Se equivoca, porque la decisión de extraditar no puede ser un mecanismo de presión o de negociación, tiene que ser una decisión soberana del Estado”, añadió.
Trinidad, requerido por la Corte del Distrito de Columbia por narcotráfico y toma de rehenes, se halla en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (120 kilómetros al norte de Bogotá) tras ser capturado el 2 de enero en Quito. Su extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre, al igual que la del líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, también pedido por narcotráfico y cuyo envío a Estados Unidos quedó el jueves condicionado a que cumpla con un proceso que busca desmovilizar a unos 20.000 combatientes antes de 2006. Uribe dio el aval a la extradición de Trinidad dos semanas después de indultar a 23 miembros de las FARC, según él como un gesto unilateral en busca de la liberación de los secuestrados. Tras el indulto, el embajador de Washington en Bogotá, William Wood, dijo esperar que la extradición de Trinidad fuera autorizada en breve; pero en el país diversos sectores, incluidas las AUC –ultraderecha–, se manifestaron en contra. Mancuso dijo incluso que la entrega del rebelde era como “tirar las llaves de la paz al mar”.