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La oposición esperaba una seguidilla de cambios en la mitad de los ministros. Hugo Chávez le respondió con apenas un enroque. Ayer designó como nuevo vicepresidente al ministro de Defensa, José Vicente Rangel, la figura política más fuerte de su gabinete, en sustitución del militar retirado Diosdado Cabello. La medida intenta concretar las promesas de renovación ministerial con las que Chávez inauguró su política de rectificaciones y diálogo tras la intentona golpista. Eso sí: de forma mucho más restringida que las presiones opositoras. En la primera transmisión de “Aló Presidente” después de la crisis, Chávez calificó de “megagolpe” al intento de derrocarlo y dijo que las circunstancias justificaban la utilización del Plan Avila (que prevé la entrada de tropas de elite y el cierre sobre Caracas) y que por eso ordenó su implementación aunque finalmente no fue activado. Además, retó a sus adversarios a un referéndum revocativo dentro de dos años.
Rangel –periodista, activista de derechos humanos y ministro de Relaciones Exteriores hasta febrero de 2001– se había convertido en uno de los hombres de más peso del gobierno tras la salida, en enero de 2001, del entonces ministro de Interior, Luis Miquilena. Rangel –una de las tres figuras que acompañan a Chávez desde su asunción en febrero de 1998 (los otros dos son el actual ministro de Planificación, Jorge Giordani, y el de Educación Superior, Héctor Navarro)– fue el primer civil que ocupó en los últimos 72 años el Ministerio de Defensa. Esa situación parece ser una de las causas de quienes lo critican: sectores de la oposición lo acusan de estar ajeno a los intereses “reales” de las fuerzas armadas. Pero Rangel no es el único cuestionado.
También los ministros de Trabajo, María Cristina Iglesias; de Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín; de Producción y Comercio, Adina Bastidas; de Planificación, Jorge Giordani; y el ex vicepresidente Diosdado Cabello son acusados de actuar en “contra” de los sectores que tienen como interlocutores. Este grupo ministerial contra el que la oposición apunta está compuesto por las figuras más izquierdistas del gobierno de Chávez. Una de las más repudiadas por la oposición es Bastidas, por ser quien coordinó el paquete de 47 leyes, aprobadas el año pasado por decreto, y criticadas por empresarios y sindicalistas por estatistas. Giordani es otro de los blancos favoritos de la oposición: es señalado como el autor de la política económica oficial. Sin embargo, Chávez aún no designó al reemplazante de Defensa y aseguró que Cabello “se queda dentro del gabinete”. Chávez parece estar decidido a tomarse su propio tiempo: “Que habrá cambios es casi un hecho, pero que lo anuncie hoy no es posible. Eso se hace con calma. Todo a su momento, no voy a tomar decisiones por presión. Aunque no me siento contra las cuerdas, tampoco es que me estoy creyéndome el victorioso de la historia. No, soy modesto y respiro normal”, describió.
En su programa “Aló Presidente”, Chávez relató el cuadro de situación que lo llevó a ordenar el Plan Avila: “Cuando se me informa, y constato mirando la televisión que la marcha había sido orientada por sus dirigentes hacia Miraflores, se confirma la hipótesis que se iba a convertir en una marcha para justificar un golpe de Estado. El gobierno tenía noticias de que sobre esa marcha, alentada a través de los medios de comunicación, se montó el plan del megagolpe. Algunos dirigentes decían: ‘Ahora les toca a los militares’”. Y siguió: “Estuvimos al borde de una guerra civil y eso tienen que entenderlo quienes tramaron esto. Por eso ordené el Plan Avila, porque estaba en el aire un choque militar”. El Plan Avila consiste en el despliegue de fuerzas militares de elite y el bloqueo de los ingresos a Caracas. “Creo que si se hubiese activado cuando lo ordené, se hubiese podido evitar lo que ocurrió”, hipotetizó Chávez.
A la vez, Chávez se declaró dispuesto a que se le investigue por las muertes producidas en los incidentes previos al fugaz golpe de Estado, luego que el sábado una comisión parlamentaria anunciara que sería citado para establecer responsabilidades de esos hechos. “Si yo fuera responsableyo no debería ser presidente y debería ir a prisión”, afirmó. Y también disparó contra la oposición: “Quienes me adversan, ¡muy bien!, mantengan sus diferencias con el gobierno, prepárense para las próximas elecciones, pero no en un referéndum consultivo, un referéndum revocatorio y si lo pierdo me voy”. Hablaba del “2003 o el 2004”.