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Daryl R. Atkins evitó la inyección letal hace tres años porque su condena a muerte quedó suspendida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aquella sentencia estableció la prohibición de ejecutar a reclusos cuyo coeficiente intelectual esté en la categoría de retrasado. Gracias al caso de este recluso, cientos de presos salieron de los corredores de la muerte. Pero, lamentablemente para él, el esfuerzo intelectual que hizo al luchar por su vida ha elevado su coeficiente por encima de lo que el Estado de Virginia considera aceptable: ahora quieren ejecutarlo por haber dejado de ser retrasado.
La sentencia del Tribunal Supremo estableció por seis votos contra tres que la ejecución de presos retrasados es inconstitucional porque atenta contra la Octava Enmienda, que prohíbe los “castigos crueles”. El juez John Paul Stevens escribió junto a la sentencia: “Debido a sus discapacidades en el razonamiento, el juicio y el control de sus impulsos, no actúan con el nivel de culpabilidad moral que caracteriza a las conductas criminales adultas más graves”. Según el juez, su situación intelectual también “puede poner en peligro la fiabilidad y la equidad” de los procesos. La sentencia concluía con esta frase: “No nos parece que la ejecución de criminales intelectualmente retrasados contribuya en lo más mínimo al propósito retributivo o preventivo de la pena de muerte”. Atkins y un compinche, según la sentencia original, secuestraron a un joven empleado de la base militar de Langley a quien obligaron a sacar dinero de un cajero automático con sus tarjetas de crédito. Cuando las tarjetas dejaron de funcionar, asesinaron a Eric Nesbitt, de 21 años, con ocho disparos a quemarropa.
Durante el juicio, los exámenes de psicólogos y pedagogos establecieron que el coeficiente intelectual de Atkins, que tiene ahora 27 años, era de 59, entendiendo la media de la población como 100. Aunque su coeficiente estaba incluso por debajo del umbral del retraso mental según Virginia (70), la condena a muerte sólo se frenó cuando el Supremo aceptó revisar el caso. Tras el fallo del Supremo, las autoridades del Estado inmediatamente sacaron a Atkins del corredor de la muerte.
Entre el juicio de 1998 y la sentencia del Supremo transcurrieron cuatro años en los que el recluso, a pesar de su condición intelectual, trató de comprender su situación en compañía de su abogado. “Sorprendentemente, ese contacto constante con los abogados que trabajaron en su caso le proporcionó en la cárcel más estímulos intelectuales de los que había recibido en su adolescencia, con la práctica de la lectura y la escritura, el aprendizaje de conceptos legales abstractos y la comunicación con profesionales”, escribió hace dos meses en un informe el psicólogo penitenciario encargado de valorar su situación intelectual.
Inmediatamente después, la fiscalía pidió un nuevo examen mental a Atkins que proporcionó un número fatídico para él: su coeficiente intelectual había ascendido a 76, es decir seis puntos por encima del límite que impedía su ejecución. El cambio ha permitido la revisión de su condena. Un jurado determinará si debe regresar al corredor de la muerte para ser ejecutado.
La fiscalía estima que si el coeficiente ha subido en estos años, también pudo haber bajado entre la comisión del crimen y el juicio. La fiscal, Eileen M. Addison, dice que si fue capaz de manejar una pistola, reconocer un cajero automático, secuestrar a un individuo y llevarlo a una zona solitaria para matarlo, Atkins no era retrasado.
Los psicólogos parecen estar de acuerdo en que el coeficiente intelectual de las personas sube y baja a lo largo de la vida, pero no más de cinco puntos arriba o abajo. El coeficiente también suele subir a razón de tres puntos cada década. La semana pasada, el nuevo juicio se retrasó porque la defensa pidió más tiempo para buscar testigos capaces de avalar que Atkins sufría un claro retraso en la época en que cometió el crimen.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.