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La maniobra jurídica del oficialismo contra el mejor posicionado en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, se le está volviendo en contra. El popular alcalde de Ciudad de México rechazó ayer ante un juez la fianza presentada un día antes por diputados del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que quieren ahora impedir que vaya a la cárcel con el insólito pretexto: “para que no se victimice”. En medio de ácidas críticas del exterior por la privación de los fueros de López Obrador, el gobierno de Vicente Fox vuelve a estar a la defensiva en un caso del que parece querer zafarse a toda costa.
La catarata de contradicciones en el seno del gobierno llegó a su punto culminante el miércoles, cuando la Procuraduría presentó el expediente ante la Justicia. Aparentemente, al presentar los cargos, la Procuraduría iniciaba la cuenta regresiva, exactamente 10 días hábiles, para que el juez ordenara la detención de López Obrador, el político de izquierda más popular de México, según los sondeos. Pero el subprocurador encargado del caso, Javier Vega, sorprendió al convocar a la prensa para anunciar que “dos personas” habían depositado una fianza de 2000 pesos (unos 180 dólares) en favor del alcalde. Esa maniobra de dos jóvenes diputados en la capital del PAN modificó la forma como la Procuraduría Federal Mexicana (PFM) presentó el caso ante el juez. Después de un año de pedir el desafuero de López Obrador para procesarlo, y luego de conseguirlo, la Procuraduría consideró que su presunto delito no merece cárcel provisional, por lo que solicitó al juez solamente una orden de comparecencia.
López Obrador, que insiste en que es inocente de la acusación de desacato, aseguró que está dispuesto a ir a la cárcel si así lo indica el juez. Rodeado de simpatizantes, el político populista no esperó ni 24 horas para rechazar la humillación de dos diputados locales del PAN, que quieren salvarlo cautelarmente de la cárcel “para que no se haga la víctima”. “No he hecho ni haré solicitud alguna para obtener la libertad provisional bajo caución, (...) por lo que exijo al ciudadano juez se sirva de forma inmediata revocar dicha libertad provisional”, señaló el texto entregado personalmente por López Obrador en los juzgados. La pena por el delito adjudicado a López Obrador es de entre uno y ocho años de prisión, pero generalmente se pena con un año y se permuta por una multa, según la PGR.
El líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantiene una tensa pulseada con el gobierno de Fox, que se acentuó hace quince días cuando la Cámara de Diputados le quitó la inmunidad parlamentaria. El alcalde es acusado de haber desobedecido las sentencias judiciales que exigían que cesara la construcción de un acceso vial a un hospital y asegura que todo es una maniobra en su contra, para desposeerlo de sus derechos políticos. “No quieren que mi nombre aparezca en las boletas electorales de 2006”, cuando se celebren comicios presidenciales en México, señaló en su texto el político (del PRD). La presidencia rechazó la acusación de Obrador sobre obstáculos a sus aspiraciones presidenciales. “Exhortamos al ciudadano López para que haga uso de los recursos que están previstos en la ley para garantizar sus derechos y su defensa”, pidió ayer el portavoz presidencial, Rubén Aguilar.
De acuerdo con una encuesta del diario El Universal, López Obrador tiene el 38 por ciento de las simpatías y se ubica 13 puntos porcentuales por encima de su rival más cercano, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo. Desde febrero, López Obrador repuntó tres puntos porcentuales, mientras que Madrazo retrocedió dos. El más perjudicado por la polémica ha sido el oficialista Santiago Creel, que cayó cinco puntos, para ubicarse en el 21 por ciento. Según el sondeo, el 58 por ciento de los consultados está en desacuerdo con el desafuero del funcionario.
Para complicar aún más el caso, López Obrador amenaza con volver a sus oficinas de alcalde el próximo lunes, tras una nueva manifestación ciudadana durante el día anterior. “La única manera constitucional de separarlo de su cargo es que sea sometido a un proceso penal, que se le gire una orden de aprehensión. Y es evidente que aún no está sujeto a un proceso”, dijo el asesor legal del alcalde. La Corte Suprema debe aún examinar una doble controversia constitucional, para dirimir si la Cámara de Diputados tenía derecho a quitarle la inmunidad al alcalde.