Evo Morales sabía que estar al frente del Ejecutivo boliviano no iba a ser tarea fácil. Quedó demostrado ayer, cuando el mandatario se enfrentó a los cultivadores de coca del Chapare al anunciar que no expulsará a la agencia federal antidroga de Estados Unidos (DEA), aunque advirtió que los funcionarios extranjeros deben respetar la soberanía y dignidad del país. Ese no fue el único pedido de los sindicatos cocaleros, que además buscan aumentar la superficie de plantaciones de coca, lo que podría afectar aún más las relaciones entre La Paz y Washington. Pero los problemas para Morales no terminaron ahí, ya que el oeste del país se vio afectado ayer por un importante corte de ruta a raíz de la protesta de campesinos que exigen la renuncia de un alcalde del Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales desestimó ayer el pedido de los sindicatos de cultivadores de coca, que el martes le reclamaron expulsar del Chapare boliviano a la DEA y otras instituciones norteamericanas como la CIA. “Todos tienen derecho a estar en nuestro país respetando la dignidad y soberanía nacional, respetando a los pueblos”, anunció el mandatario durante un acto militar en La Paz. El gobernante, que en las últimas dos décadas lideró a los cocaleros del Chapare, insistió en que las instituciones extranjeras asentadas en ese lugar mantendrán sus operaciones en tanto se sujeten a las leyes nacionales. Agregó que Bolivia necesita integrarse con otras naciones de la región y del mundo, pero puntualizó que deben “buscar soluciones para (los problemas de) las mayorías de los distintos pueblos”. Por un convenio bilateral, Estados Unidos tiene una base militar antidroga en la localidad de Chimoré, en el corazón del Chapare, y presta asistencia financiera, material y técnica a Bolivia para la lucha contra la producción de cocaína, programa que incluye la presencia permanente de expertos de la DEA. En esta región el cultivo de hoja de coca está prohibido por ley, pero desde fines de 2004 las autoridades han aceptado plantaciones de 1600 metros cuadrados para cada uno de los más de 30.000 afiliados sindicales. Sin embargo, una resolución adoptada el martes por el sindicato cocalero intenta buscar la modificación de esa política que autoriza un cato por familia por un nuevo régimen que permita un cato por afiliado, lo que podría representar un aumento de ciento por ciento en la superficie de los cocales. Esto podría afectar más aún las de por sí complicadas relaciones de Bolivia con Estados Unidos.

Por otra parte, unos 600 vehículos permanecían ayer detenidos en una importante ruta del occidente de Bolivia a raíz de la protesta de campesinos que exigen la renuncia del alcalde de Sica Sica, Florencio Quispe Lima, del MAS, a quien acusan de actos irregulares.