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En un intento por congraciarse con una oposición que desde finales del año pasado no le da tregua, el presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, removió a la cúpula militar –con excepción del comandante de las Fuerzas Militares, el general José Kanasawa–, la misma que en diciembre pasado emitió un comunicado con un claro tono de amenaza contra el Parlamento por bloquear los ascensos de oficiales militares y de la policía. La Cámara del Senado, controlada por la oposición, se negó a dar quórum, porque rechazaba el ascenso de dos controvertidos tenientes coroneles muy cercanos a Duarte. La medida de ayer no fue bien recibida por los líderes opositores por dos razones: primero –señalan–, el presidente quiso presentarla como una decisión desligada de la pugna política actual y, segundo, las remociones de los militares fueron parciales, ya que algunos oficiales fueron reubicados en puestos de segundo nivel.
El cambio de la cúpula militar estaba dentro de la lista de demandas que la oposición presentó al Ejecutivo, luego de demostrar su fuerza con la marcha de fines de marzo pasado, en la que unas 30 mil personas protestaron contra el gobierno y, especialmente, contra el control del presidente sobre la Corte Suprema. Lo que parecen temas separados se unen bajo una crítica unánime de distintos sectores de la sociedad paraguaya, que trascienden los tradicionales colores partidarios del país: el supuesto desprecio del presidente a la Constitución Nacional. La llamada de alerta que recibieron la oposición y la sociedad en su conjunto con el comunicado amenazante de las Fuerzas Armadas de diciembre pasado –que no mereció ni la más mínima crítica del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente– fue seguida de la resistida candidatura y asunción de Duarte como presidente de su partido. Según la Constitución paraguaya, el Ejecutivo nacional no puede ocupar ningún otro cargo mientras esté en funciones. Sin embargo, la Corte falló a su favor y Duarte logró hacerse del control de su partido.
Agobiado por la presión de una sociedad que después de muchos años volvió a unirse bajo un objetivo común, el presidente decidió remover a los jefes de las tres armas, más otros altos mandos. Pero la figura más reclamada por los manifestantes era la del comandante de su escolta personal, el teniente coronel Heriberto Galeano, el mismo que en diciembre bloqueó la aprobación de los ascensos en el Senado. A Galeano se lo acusa de todo: corrupción, conducta impropia y, quizá la más grave, de realizar escuchas ilegales sobre políticos. A pesar de encabezar la lista de la oposición, Duarte no pudo darle la espalda del todo a su amigo y lo reubicó un escalón más abajo, al frente de la primera división del ejército.
Aquí no acaba el problema. Desde la presidencia se negó categóricamente que la decisión haya tenido que ver con las demandas de la oposición o que haya habido una negociación previa con sectores externos al gobierno, aunque el ministro de Defensa, Roberto González, dejó deslizar: “Ojalá que (los cambios) puedan servir” para establecer un diálogo. Pero no todo fue negativo. Las Fuerzas Armadas parecen haber aprendido una lección. Esta vez el comunicado oficial, con un tono más amigable que el de diciembre pasado, afirmaba que “en la carrera militar nadie puede objetar las órdenes de los superiores”. La otra lección es que el único que puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas es el presidente, y debe hacerlo.

Informe: Laura Carpineta.