Las diferencias entre las provincias autonomistas y Evo Morales se extendieron aún más la tarde de ayer. Tras el éxito de las concentraciones multitudinarias del viernes pasado, los prefectos (gobernadores), presidentes de comités cívicos y representantes indígenas se reunieron en Tarija (Sur del país) para analizar las medidas futuras. Durante toda la jornada de ayer, los representantes de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) redactaron cuatro documentos: el primero está dirigido a Alvaro García Linera, vicepresidente de la República y presidente del Congreso, al que le pidieron que convocara al Parlamento para elaborar una ley interpretativa de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Según el pedido, en sesión plena, el Poder Legislativo boliviano deberá emitir una resolución sobre qué significa la frase “dos tercios para el texto constitucional” y si ésta se aplica para todas las etapas de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Esta carta refuerza un recurso legal presentado por un activista cruceño el viernes pasado ante la Corte Distrital de Justicia de La Paz, en la que exige obliguen a Evo a solicitar esta ley al Congreso.

Según Germán Antelo, presidente del Comité pro Santa Cruz, también se conformó una comisión técnica que se encargará de elaborar el marco general de los estatutos autonómicos de las cuatro provincias donde ganó el Sí en el referéndum del 2 de julio pasado. Como se definió en los cabildos del 15 de diciembre, si la Asamblea no incluye estos preceptos en la nueva Carta Magna, cada departamento llamará a un referéndum departamental para consultar a los ciudadanos si desconoce la nueva Constitución y aplica, de facto, este estatuto autonómico, una especie de constitución departamental que establece las nuevas relaciones con el Estado central.

Las otras dos cartas redactadas por los cívicos y gobernadores tienen que ver con el enfrentamiento ocurrido en la localidad de San Julián (Santa Cruz) el viernes pasado. En una se solidarizan con los más de 90 heridos que dejó la apedreada de micros y de periodistas realizadas por un grupo de colonizadores leales a Evo, y por otro exigen al fiscal general de la República que investigue los hechos y castigue a los culpables. Eso sí: el documento no hace ninguna referencia a los hechos desencadenados por este incidente, que causó que quemaran las sedes del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, en cuatro localidades cercanas a San Julián.

En Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, el ambiente no ha cambiado nada y pocos asambleístas del MAS se dan por enterados de que el viernes pasado se reunieron más de un millón de personas en cuatro concentraciones en el lado oriental del país. Como propuesta de solución a las demandas de las regiones autonomistas, ofrecen que la oposición pueda identificar seis y no sólo tres artículos para que sean aprobados por dos tercios y no por la mayoría absoluta conseguida en las urnas por el partido oficialista. El planteamiento es tomado por una burla por la oposición, que según el centrista Samuel Doria Medina ahora también quiere una fórmula mixta de votación: todo por mayoría absoluta excepto la votación en detalle de los artículos de la nueva Constitución, que debe ser por dos tercios. Con ello, se garantizaría que el proyecto autonomista de las cuatro regiones quede consignado y se desdibujaría la oferta de Estado plurinacional de Evo, que tendía a reconocer como naciones a las 36 etnias que habitan Bolivia.

Sin embargo, hay un representante del MAS que cree que las cosas cambiaron con los cabildos. Se trata de Raúl Prada, un sociólogo paceño que hasta el jueves pasado hablaba de demostrar la capacidad de movilización de los sectores sociales afines al gobierno para acallar las críticas, pero que hoy considera que Evo debe dar un golpe de timón en la conducción política y social del país. “Estamos ante un actor político que tiene una gran relevancia demográfica, que ha crecido sobre la base de nuestros errores de conducción de la Asamblea Constituyente. Pese a que esta gestión tiene grandes aciertos económicos que harán que los ingresos del país se multipliquen por cuatro en los próximos cuatro años, la conducción política y social de la revolución democrática y cultural tiene que revisarse”, dice, ante la molestia de sus compañeros de partido.

Desde Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas aún saborea las mieles del éxito de su cabildo. Acusado de conspirador y de urdir un plan para asesinar a Evo en los anteriores meses, el ingeniero agrónomo va por más. Asegura que el poder político siempre sigue al económico y que ahora le toca a Santa Cruz liderar políticamente a Bolivia. Sus palabras se reflejan en la macroeconomía. Santa Cruz aporta un tercio del Producto Bruto Interno nacional y más del 40 por ciento de la recaudación impositiva. También tiene el índice de desarrollo humano más alto del país y las tierras de cultivo más fértiles. Pero cuando uno mira con atención, también descubre que tiene grandes bolsones de pobreza y desnutrición infantil comparables a los del Norte de Potosí, la región más deprimida de Bolivia.

Es por eso que el cívico Antelo quiere desmentir que la autonomía sea un pedido de ricos y ha logrado convencer a la población de que con el autogobierno la salida de la pobreza será menos difícil. Esto se hace más tangible en Beni y Pando, los dos departamentos que menos recursos aportan al PBI boliviano. Antelo añade que tampoco se trata del control del gas boliviano, porque asegura que Santa Cruz tiene pocas reservas y su producción significa sólo el 4 por ciento nacional. “Sólo Tarija concentra el 88 por ciento de la producción nacional”, dice.

Sin embargo, las autonomías departamentales generan sospechas para los sectores campesinos e indígenas. Aseguran que surgieron sólo como una tabla de salvación a la pérdida de poder experimentada por los ricos tras la caída de Sánchez de Lozada y que sólo quieren reproducir el centralismo en los departamentos (provincias). Ante ello, el Pacto de Unidad, organización que reúne a campesinos, indígenas del Oriente y del Altiplano, mujeres trabajadores y guaraníes, exigen que las autonomías sean indígenas y regionales. Ambas propuestas están sobre la mesa pero, a diferencia del 6 agosto pasado, ahora la decisión ya no es sólo de la Asamblea Constituyente.