La cifra de por sí impacta: más de nueve mil efectivos de la Policía Bonaerense que se incorporaron antes y durante la dictadura militar continúan en actividad. Así lo confirman los legajos enviados por el Ministerio de Seguridad al juez federal Arnaldo Corazza, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Julio López, testigo en el juicio a Miguel Etchecolatz, ocurrida hace tres meses. Los organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya! piden que todos sean investigados y realizan un intenso trabajo de entrecruzamiento de este listado con sus propias bases de datos sobre represores. Según el ministerio que conduce León Arslanian, ninguno de estos policías tiene acusaciones por haber cometido delitos de lesa humanidad.

Los nueve mil legajos llegaron al despacho de Corazza quien, por pedido de las abogadas de López y del fiscal Sergio Franco, había solicitado el listado de los uniformados que se incorporaron a la policía antes del retorno de la democracia. Las nueve mil fichas registran incorporaciones de personal que aún hoy sigue en actividad –que representan cerca del 20 por ciento de los efectivos de la Bonaerense– desde los años 1973 hasta el fin de la dictadura, muchos de los cuales muestran asignaciones de “destino desconocido” durante los años de plomo, según el primer análisis del material realizado por la agencia Anpress.

Entre las fichas se encuentra la del actual superintendente de Investigación en Función Judicial, Roberto Máximo Silva, quien ingresó en la fuerza policial en 1977 y actualmente coordina la pesquisa por la desaparición de López. Silva fue nombrado en mayo como nuevo director de Investigaciones en reemplazo de Osvaldo Seisdedos. En su legajo se informa que “tiene 47 años, hace 29 que está en la fuerza y su anterior destino era el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales”.

El pedido de este listado había surgido tras la reunión que mantuvieron los organismos con Arslanian el 22 de septiembre, cuando supieron que en la Bonaerense todavía revistaban unos 60 policías que habían pasado por centros clandestinos de detención. En medio de la sorpresa que les causó ese dato, exigieron conocer los antecedentes de todos los uniformados que ingresaron a la fuerza durante el último gobierno de facto. El gobierno provincial jubiló a 37 y explicó que no pudieron separar a la totalidad porque deben esperar hasta que se prorrogue la emergencia policial para no tener problemas legales. Y agregaron que, al no haber imputación penal sobre ellos, no podían suministrar la información sobre quiénes eran.

La nómina completa llegó al juzgado la semana pasada, y ahora los organismos están haciendo su propia verificación de los 9024 legajos entregados. Una alta fuente del Ministerio de Seguridad aseguró a Página/12 que sus propios cruzamientos son previos al caso López, pero a partir de la desaparición del testigo hicieron un nuevo chequeo.

“No podemos decir que todos estuvieron en centros clandestinos, pero todos los ámbitos de la policía participaron de la represión ilegal”, dijo la testigo Nilda Eloy. Pero aclaró que la Justicia deberá determinar si alguno de esos nueve mil fue parte de los crímenes de la dictadura.