Japón volvió a una vieja tradición. Después de 15 años sin implementar la pena de muerte, sorpresivamente la Justicia decidió ahorcar a cuatro condenados por homicidio. Según las reglas de la isla, el gobierno no divulga los nombres de los prisioneros ni el lugar donde se realizarán las ejecuciones. Los familiares sólo se enteran días antes y son ellos los que luego informan a los organismos de derechos humanos y a la sociedad en general. Lo único que dijeron los medios japoneses ayer fue que los ejecutados tenían 44, 64, 75 y 77 años. El secreto y la rapidez de todo el proceso es cuestionado por estas asociaciones y por los familiares, quienes ya habían advertido que con la asunción del primer ministro conservador Shinzo Abe se endurecería el sistema judicial del país.

A primera vista parece cruel que un país retome la pena de muerte, después de 15 años de abstinencia, justo el día de Navidad. Sin embargo, para los japoneses, de confesión budista o shintoísta, ayer fue un día como cualquier otro. No hubo árboles con regalos ni brindis. Lo que sí hubo es el primer giro importante del nuevo gobierno. La última vez que se había ejecutado la pena de muerte en Japón fue el 16 de septiembre de 1991. A pesar que la gran mayoría de los japoneses apoya esta condena –encuestas recientes estiman que el 80 por ciento–, los gobiernos anteriores habían decidido ceder ante las presiones de las organizaciones internacionales de derechos humanos y suspender las ejecuciones –aunque la figura jurídica seguía siendo utilizada por los jueces–.

Este nuevo Japón, el de Abe, no parece tan interesado en demostrarle a la comunidad sus credenciales democráticas y reformistas. Al poco tiempo de asumir el nuevo gobierno, el ministro de Justicia, Jinen Nagase, había dejado entrever que las ejecuciones podrían reanudarse. Esta es una de las prácticas más cuestionadas en el mundo y sólo dos países desarrollados la siguen utilizando: Estados Unidos y Japón. Con la noticia de las condenas, las organizaciones de derechos humanos temen que se endurezca aún más el resto del sistema judicial o, al menos, que no se reforme. Grupos como Amnistía Internacional han denunciado durante años las pésimas condiciones de las cárceles japonesas.

Todavía no está claro por qué el gobierno japonés decidió reanudar las ejecuciones. “Las autoridades judiciales tomaron esta decisión por razones políticas y de seguridad pública, considerando necesario que 2006 no concluyese sin que hubiera ejecuciones”, opinó Azaho Mizushima, un jurista de la Universidad Waseda. Para Makoto Suzuki, un abolicionista cristiano, la fecha se eligió con mucha inteligencia. La Justicia, explicó el activista, esperó a que comenzaran las vacaciones parlamentarias para evitar cualquier tipo de debate público que pudiera poner en peligro las condenas o, siquiera, retrasarlas.

Sin embargo, para Amnistía Internacional lo importante es que se retoma la costumbre de avisar con poco tiempo a los familiares, sin darles ocasión de viajar, a veces, o de intentar una última apelación ante los tribunales. “Fue un gran acto de insensibilidad”, afirmó Suzuki, quien advirtió que todavía quedan decenas de condenados a muerte en las cárceles.