“El tema se está estudiando”, asegura a Página/12 un funcionario del área de Defensa cuando se le pregunta si ese ministerio se presentará como querellante en la causa en la que se investiga la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. La posibilidad de ser parte en la investigación había sido adelantada por la ministra del sector, Nilda Garré.

En una entrevista publicada el domingo, pero realizada el pasado jueves, Garré afirmó, en el diario cordobés La Voz del Interior, que “a raíz de esta resolución del juez Diego Estévez tenemos en análisis presentarnos como querellantes. Fabricaciones Militares estaba entonces en la órbita de Defensa y los daños que sufrió Río Tercero fueron en instalaciones propias”. El mismo día que la ministra formulaba esas declaraciones, el Consejo de la Magistratura rechazó la posibilidad de suspender provisoriamente al magistrado que quedará en el recuerdo por citar una página web visitada por los estudiantes para confeccionar sus monografías.

Las fuentes consultadas por este diario no avanzan más que lo dicho por Garré. Por ahora el tema está en los departamentos de legales. Los memoriosos recuerdan que el día de la explosión, el 3 de noviembre de 1995, Fabricaciones Militares todavía estaba bajo la jurisdicción de Defensa. Esto le permitiría accionar como damnificado. Lo cierto es que, en aquel momento, destacados miembros del gabinete menemista habían reconocido a este diario que Domingo Felipe Cavallo tenía a la firma el decreto que pasaba a Fabricaciones Militares a su órbita. A partir de eso, en el expediente siempre se especuló con que una de las primeras medidas de Cavallo sería realizar un inventario.

La investigación del fiscal Carlos Stornelli dejó en claro que la Fábrica Militar de Río Tercero fue un engranaje clave en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La vinculación entre uno y otro hecho también es algo que Garré se encargó de subrayar. La ministra no dudó en calificar a la explosión como un hecho intencional “que quedó probado en los peritajes”. Sobre el fondo de la cuestión señaló que “se trató de una explosión intencional, direccionada para que la onda expansiva no fuera hacia una fábrica de productos químicos cercana”. Un mes y una semana después de la explosión de Río Tercero, Garré juraba como diputada del Frepaso. Durante su paso por la Cámara baja supo acompañar activamente a otro frepasista que se involucró personalmente en esa investigación, el entonces diputado por Córdoba, Horacio Viqueira. Junto con esta causa, Garré también fue una activa partícipe de las comisiones legislativas en las que se analizó la voladura de la mutual judía de la AMIA. Conociendo uno y otro expediente, no sorprende entonces que en sus declaraciones periodísticas Garré haya afirmado que, a su juicio, Río Tercero “supera el caso de la AMIA no en cantidad de muertos, pero sí en cuanto a lo inconcebible de que funcionarios del Estado nacional, para tapar un delito, hicieran una voladura intencional del polvorín”.

La ministra se comprometió a impulsar la investigación en la Cámara Federal de Córdoba porque el hecho “es escandaloso y porque si uno conoce la causa del contrabando de armas, no hay duda de la vinculación de los dos hechos”, dijo. El ministerio también podría sentirse damnificado por el faltante de armamento. Pero en ese punto comprometería a un funcionario del actual gobierno, el embajador en Colombia, general Martín Balza. Tal vez por ello las fuentes no pueden avanzar más y se limitan a decir que “el tema está en estudio”.