Luiz Inácio Lula da Silva asume un segundo mandato con una deuda social sobre sus espaldas y la expectativa de que su gobierno dé un giro desarrollista. Logró la reelección en segunda vuelta, pero distanciado del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), cuya imagen cayó por los escándalos de corrupción. Se propone formar un mega-partido que aúne distintas corrientes ideológicas, y para ello es vital su alianza con el PMDB. Según los analistas, con éste tendrá garantizada la gobernabilidad, pero los movimientos sociales y las clases bajas que le fueron fieles le recordarán que le dieron su voto a cambio de que construya un país con mayor justicia social.

La primera gestión de este ex dirigente sindical estuvo marcada por la ortodoxia económica y recibió el beneplácito del establishment. Los principales indicadores de pobreza mejoraron gracias a la estabilidad económica y a una serie de programas de subsidios directos. Pero los movimientos sociales reclaman osadía en las políticas distributivas.

El programa denominado Bolsa Familia representa tan sólo 9000 millones de dólares de un PBI de casi 900 mil millones. Dicho programa beneficia hoy a 11 millones de hogares que reciben cada mes el equivalente a unos 45 dólares a cambio de enviar a los niños a la escuela y vacunarlos en el precario sistema público de salud. Ese dinero alcanza para comprar alimentos básicos y sacar a esas familias de la línea de “pobreza extrema”, donde todavía hay 26 millones de personas.

El Movimiento de los Sin Tierra, si bien lo apoya, se mantiene como una de las voces más críticas dentro de la colación del gobierno, al que cuestiona por su política económica y por no empujar una reforma agraria efectiva. “No le dimos un cheque en blanco a Lula”, subrayó Joao Paulo Rodrigues, uno de los líderes nacionales del MST. Lula se ha fijado para su segundo mandato una meta de crecimiento del 5 por ciento anual, que los analistas ponen en duda a menos que avance con varias reformas y endurezca todavía más la rígida disciplina fiscal.

Esto último no parece probable, dado el cambio que hubo en el Ministerio de Hacienda. Antonio Palocci, garante de la ortodoxia económica y acosado por las denuncias de corrupción, renunció en marzo pasado y fue reemplazado por Guido Mantega. Al nuevo ministro se lo considera desarrollista, leal al PT y menos obsecuente con los bancos. La etapa que viene será la de crecimiento económico con distribución de la renta, según sostuvo Mantega, ya reconfirmado en el puesto.

No será fácil para Lula, que tendrá que hacer concesiones con sus nuevos aliados. En el proceso de negociación tras la primera vuelta de las elecciones, incorporó a la coalición al Partido del Movimiento Democrático (PMDB, de centroderecha), una amplia formación –con tintes caudillescos– que, a partir de febrero, tendrá la primera minoría en las cámaras de Diputados y del Senado. También ha sumado a los partidos Democrático Laborista (PDT), Socialista Brasileño (PSB) y Verde (PV), así como al Partido Progresista (PP). El precio de esos apoyos heterogéneos se pagará en cargos. Algunos de los nuevos aliados de Lula, como el PDT, ya expresaron su deseo de obtener la titularidad de “al menos un ministerio”. El presidente les dio una señal –a la vez que se la daba al PT– cuando declaró que “soy de izquierda, pero el gobierno no es de izquierda y gobierna en función de la correlación de fuerzas políticas”. Habrá que esperar a que dé a conocer la distribución de los ministerios para saber hasta dónde puede llegar Lula con las reformas que le exigen sus seguidores.