La trama de asesinatos, corrupción y narcotráfico se cobró ayer las cabezas del ministro del Interior y el jefe de la Policía en Guatemala. Presionado por Estados Unidos, sus vecinos y el año electoral, el presidente Oscar Berger anunció la reestructuración y la purga de las principales fuerzas de seguridad del país. Más tarde, su ministro Carlos Vielmann, el director de la Policía Eduardo Sperinse y el director del Sistema Penitenciario, Víctor Rosales, hacían públicas sus renuncias. La oposición los señalaba como los responsables de los asesinatos de los tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de los supuestos autores materiales, cuatro agentes de elite de la policía guatemalteca. Estos hombres, sospechados de tener vínculos con narcos mexicanos, fueron degollados cuando se encontraban detenidos en una cárcel de máxima seguridad.

La salida de los tres funcionarios y los cambios anunciados por el mismo presidente son el resultado de la presión cada vez mayor que están ejerciendo la oposición y el gobierno salvadoreño. La proximidad de la visita de George Bush, quien en dos oportunidades hizo pública su preocupación por la violencia y la complicidad de las instituciones en el país centroamericano, también fue uno de los factores que empujó a Berger a tomar alguna iniciativa. La idea era salirse del punto muerto en que se encuentran las investigaciones y mostrar que se está haciendo algo para cambiar la ya innegable trama de corrupción que corroe las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el esfuerzo de Berger podría quedar corto a los ojos de la oposición, que ven en la crisis una posibilidad para posicionarse en las elecciones generales de septiembre próximo.

Además, la dimisión del ministro Vielmann, el principal reclamo de la oposición, no dejó contento a nadie en Guatemala. El presidente, quien lo defendió hasta último momento, todavía no le aceptó la renuncia. “Es lamentable que por unos pocos hechos negativos, se deje de lado todo lo positivo que se ha hecho”, fue lo único que dijo Berger. En el Congreso, los opositores dejaron la sala después de enfrentarse verbalmente con el ministro del Interior, quien había pedido ser interpelado antes de renunciar formalmente.

Mientras el juego político se pone cada vez más tenso, los rumores sobre las causas de los asesinatos crecen y las versiones oficiales de la Fiscalía se estancan. Nada se sabe de los supuestos comandos de la muerte que operarían bajo el conocimiento del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, según denunció la semana pasada el candidato presidencial opositor, el general retirado Otto Pérez. O de los supuestos vínculos con el narcotráfico que habrían tenido los tres diputados salvadoreños, un dato que incomodaría al gobierno de El Salvador, ya que los legisladores pertenecían a la coalición gobernante, Arena. En medio de este clima de duda y efervescencia política, Berger tiene tres días para poner en orden la casa para la visita de Bush.