La firma de los protocolos de los 44 contratos petroleros de exploración y explotación de gas y petróleo marca el inicio de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. A las 6 de hoy, el Palacio Quemado de La Paz será testigo de la consolidación de esta nacionalización a la boliviana, que comenzó hace un año y un día y que hoy dará su primer paso real. Atrás han quedado las gigantografías que mostraban a Morales en medio de campos petroleros militarizados y muchos de los que salieron en la foto fueron echados por manejos ineficientes que rayan en el dolo. Pese a que el 1º de mayo de 2006 se dijo que la firma de nuevos contratos tomaría 180 días y llevó el doble, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado ha sido un gran éxito económico.

Pese a los errores el Tesoro General de la Nación, han ingresado 1321 millones de dólares más gracias a los cambios impositivos impuestos por Morales (retuvo, por decreto, el 82 por ciento para el Estado y dejó el 18 restante para las empresas transnacionales), que cambiarán a partir de la firma de hoy y se someterán a reglas móviles que dependerán de las inversiones que realizan las empresas en los campos y del grado de recuperación del capital que hayan alcanzado. Según lo explicado por el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, hay casos en los que la participación del gobierno boliviano superará el 82 por ciento actual.

Mientras hoy se habla de utilizar los recursos del gas para acabar con la pobreza en Bolivia y del ingreso de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a controlar toda la cadena de producción de los hidrocarburos, aún existen dudas de la capacidad de los técnicos bolivianos para hacer realidad dicha premisa. Cabe recordar que hace un año las autoridades del sector eran otras. Morales se vio obligado a meter cambios fuertes. Tomó a su ministro más brillante del sector económico, Carlos Villegas, y lo puso a cargo de Hidrocarburos (en reemplazo de Andrés Solís Rada). Para YPFB apostó por Juan Carlos Ortiz, un técnico conocedor de las empresas transnacionales que había negociado el contrato de compraventa de gas con Argentina.

Con ello se llegó al 28 de octubre de 2006, día fijado por el decreto supremo para la suscripción de nuevos contratos. Allí, diez empresas transnacionales decidieron quedarse en Bolivia para explotar 44 campos de gas y petróleo. Lo que seguía parecía un mero trámite, pero la actuación de un asesor, Manuel Morales Olivera, puso en riesgo toda la operación. Negoció con Petrobras condiciones más blandas para el pago de impuestos, a espaldas de Villegas y Ortiz y no cambió los contratos. Tal descubrimiento provocó la renuncia de Ortiz y el ascenso de Morales Olivera a la presidencia de YPFB, que se vio obligado a renunciar 50 días después luego de ser acusado por la oposición en el Congreso.

Hoy, si bien se ha avanzado, existe el peligro de caer en un arbitraje internacional con Brasil por dos refinerías (de Santa Cruz y Cochabamba), mientras el resto de las nacionalizaciones amenazan con llegar al mismo final. Los suizos que eran dueños de la fundición de Vinto no parecen conformes con perder más de 200 millones de dólares, mientras que Telecom no cederá fácilmente el control sobre la Empresa Boliviana de Telecomunicaciones.