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El plan inicial del nuevo gobierno de Colombia comandado por Alvaro Uribe apura la vinculación inicial de unas 100.000 personas como “soldados y policías de apoyo” al Ejército en el combate contra las guerrillas y los paramilitares de ultraderecha, que a largo plazo se extendería en un millón de informantes civiles de las Fuerzas Armadas, lo que es cuestionado por Naciones Unidas y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Uribe hizo público en la ciudad de Valledupar el primero de los pasos a seguir: la red de informantes de carreteras, que busca ponerle freno a los retenes ilegales y los secuestros masivos de la insurgencia. Otra faceta del programa de Uribe es la mediación internacional por las Naciones Unidas, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desestimaron ayer. A todo esto, en el departamento norteño de Bolívar, los enfrentamientos desde hace una semana entre las guerrillas –FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN)– contra las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dejaron al menos 50 muertos en una disputa por el control de los cultivos ilegales y las minas de oro de la región, hasta ahora monopolizada por los paramilitares.
El ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego adelantó que la implementación de la red de informantes prevé la disminución de los diferentes fenómenos de violencia en las carreteras y destacó que la colaboración ciudadana será fundamental para la rápida acción de la Fuerza Pública ante cualquier hecho desestabilizador. El funcionario estimó que cualquier colombiano podrá ser parte de esa red en carreteras y que será sometido a un proceso de selección dirigido por el ministerio de Defensa para recibir entrenamiento militar y capacitación en derechos humanos. Los primeros candidatos serían ex soldados y agentes de policía que prestaron el servicio militar, u oficiales y suboficiales en retiro. Gallego precisó que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, delineará el programa con el alto mando de las Fuerzas Armadas. Uribe, en su segundo día en la jefatura de gobierno, expuso al alcalde de Bogotá Antanas Mockus el programa de colaboración de civiles con la fuerza pública. Las organizaciones humanitarias temen que el mismo desemboque en nuevas ‘Cooperativas Convivir’, asociaciones de civiles armados que fueron propulsadas en el departamento de Antioquia, cuando Uribe era gobernador (de 1995 a 1997), y algunas de las cuales derivaron luego en manos de los paramilitares.
Las FARC advirtieron ayer a la gestión uribista que “si no hay voluntad de cambio del establecimiento colombiano se cierra la posibilidad de ponerle fin a la confrontación armada” en el país, en reacción inmediata a la aceptación de Naciones Unidas de desempeñar una mediación para un proceso de paz a retornarse en el conflicto colombiano. “El papel de la ONU en otros conflictos ha sido cuestionada. En Ruanda, en Indonesia, en los Balcanes, hoy en Medio Oriente con el drama del pueblo palestino. Recientemente este órgano mundial absolvió al Estado de Israel por la masacre de Jenin”, señalaron las FARC, según la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), donde habitualmente publican comunicados. Es que la política de las FARC no cambió: negociar sólo a cambio del cumplimiento de su programa.