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El Gobierno emplazó a las 59 empresas prestadoras de servicios públicos a que en el perentorio término de cinco días presenten “sus requerimientos de aumentos tarifarios de urgencia” para someterlos de inmediato a “consulta pública”. La singular intimación oficial, difundida por Economía a través de un comunicado, poco seduce a las empresas y más bien se inscribe en la puja que sostiene el ministerio de Roberto Lavagna con las privatizadas: éstas pugnan por abandonar con urgencia el congelamiento tarifario, mientras que la administración de Eduardo Duhalde pretende postergar todo lo posible un aumento que, sin embargo, descuenta como inevitable. Esta intrincada historia no se resolverá en un solo capítulo. A corto plazo, habrá una suba relativamente moderada en el precio de los servicios esenciales, aunque sólo “a cuenta” de otros futuros. Estos, junto a la controvertida decisión de flexibilizar las exigencias contractuales, son una penosa misión legada al próximo gobierno.
Días atrás el Gobierno preveía habilitar una consulta por Internet para que las asociaciones de usuarios y cualquier otro interesado pudiera evaluar los números que cada empresa ofreció al Gobierno, detallando de qué modo la depreciación del peso perjudicó su negocio, y cuánto las perjudica la pesificación y congelamiento de tarifas. Pero, repentinamente, el Palacio de Hacienda habría cambiado de estrategia. Fue cuando, días atrás, les anticipó informalmente lo que ayer exigió públicamente: que le pongan número al ajuste que pretenden, para que éste sea juzgado por cuanto interesado desee considerarlo.
“Es una especie de escrache”, se quejaba ayer el vocero de una privatizada, molesto por la pretensión oficial de adjudicarles a las empresas la iniciativa de un aumento. El Gobierno sabe que, más allá de los justificativos legales o técnicos, la suba resultará impolítica. Amén de que empujará hacia arriba la inflación y, en este sentido, la táctica es casi obvia.
El emplazamiento de ayer fue formulado por la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, órgano presidido por el ministro de Economía e integrado por secretarios con alguna competencia en el tema de servicios públicos, más un representante de las asociaciones de usuarios. Este cuerpo fue creado hace poco más de cuatro meses, con el objetivo de que en el término de 120 días pudiera expedirse acerca de cuál es la corrección tarifaria que le corresponde a cada adjudicatario para paliar el efecto de la devaluación. Pero ese plazo transcurrió sin que esa Comisión lograra su cometido.
El jueves Lavagna aseguró públicamente que se convocaría a audiencia pública para analizar el tema, al tiempo que el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sostenía que las privatizadas no habían formulado ningún pedido de aumento.
“La caja no nos alcanza para hacer inversiones”, se lamentaba ayer Edenor, cuyo presidente, Fernando Ponaso, admite que hay riesgo de apagones por menores obras. La adjudicataria sostiene que no recibió formalmente la intimación oficial de la víspera, pero no tendría problema en ponerle un número al ajuste que tanto anhela.
Distinto es el caso de Aguas Argentinas que, según explicaba ayer formalmente, no está dispuesta a cuantificar la suba pretendida pero insiste en que ésta es imprescindible para garantizar la operatividad de la compañía. Con deudas e insumos dolarizados y activos grandemente depreciados a raíz de la devaluación, no hay una sola privatizada que no alerte estar al borde del colapso. Aún así, parece haber consenso que es imposible en lo inmediato encarecer el servicio tanto como debieran para sostener su negocio tan saludable como hasta comienzos del año. “Nadie pretende que esta situación la resuelva integralmente este gobierno. Pero necesitamos, siquiera, un ajuste mínimo para garantizar el mantenimiento”, exigen en Aguas. Es, en otros términos, lo que pretende hacer el Gobierno: autorizar una suba ahora que será “tomado en cuenta en ocasión de la renegociación de los respectivos contratos”. Estos, de hecho, están caídos. El Estado vulneró el régimen tarifario desdolarizando compulsivamente las tarifas. Como contrapartida, las empresas redujeron las inversiones a lo mínimo indispensable, aun a costa de poner a riesgo las condiciones de la prestación. Es más, en las presentaciones ante la Comisión de Renegociación, varias de ellas postularon expresamente que se flexibilicen las pautas de inversión. “No es posible que se apliquen las mismas penalidades si, al mismo tiempo, no se permiten cobrar las tarifas que corresponden”.
Pero firmar los nuevos contratos, con pautas previsiblemente más laxas para las compañías, es una tarea legada a la próxima gestión de gobierno. Recomponer el negocio de las privatizadas tal como estaba planteado en origen, con un tipo de cambio 1 a 1, parece ahora una utopía. Hay sin embargo, atajos, incluida la posibilidad de que ésta o la próxima gestión de la Casa Rosada se avenga a otorgar un seguro de cambio o algún paliativo equivalente para las que conservan deudas en moneda dura y, en algunos casos, ya cayeron en default (Telecom y Aguas, entre otras).
Antes de llegar a esto, el aumento a disponer por la administración duhaldista deberá pasar el filtro de una audiencia pública y del propio oficialismo parlamentario, que no quiere ser marginado de esta decisión. El mismo miércoles, Diputados amenaza con dar media sanción a un proyecto de ley consensuado con la oposición, que transforma en vinculante la opinión del Congreso sobre el tema.
Para seducir a los detractores del aumento, las propias empresas prevén atenuar el impacto de las subas de la luz, el agua, el gas, los trenes urbanos, los teléfonos y demás servicios públicos –salvo el de Correos y Aeropuertos, que fueron excluidos del ámbito de la comisión– fijando tarifas diferenciales, en los casos que esto sea posible. Las eléctricas piensan en un esquema de tarifa social, con subsidio público; las gasíferas, en discriminar según categoría de clientes y volumen de consumo; y los concesionarios ferroviarios proponen aplicar una “plana”, que encarecería sólo los boletos de las primeras secciones.
Pero difícilmente estos esquemas sensibles consigan diluir rápidamente los escollos políticos que debe sortear el aumento a servicios básicos. Y en la medida que éste se demore, Duhalde tendrá más problemas para desactivar la bomba que tiene entre sus manos: varias sociedades concesionarias, integradas con operadores extranjeros, se disponen a reclamar judicialmente al Estado argentino en tribunales del exterior por la violación de los acuerdos contractuales.