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Durante la presidencia de Andrés Pastrana, que terminó el 7 de agosto pasado, Colombia adhirió al Tribunal Penal Internacional (TPI). Hace dos semanas, Estados Unidos, que tiene instructores trabajando allí y rechaza el TPI, le había pedido al nuevo presidente Alvaro Uribe que asegure, con un acuerdo bilateral, que la corte internacional no tenga jurisdicción en su país. Ayer, el senador colombiano Jimmy Chamorro denunció en el diario bogotano El Tiempo que, dos días antes de dejar la presidencia, Pastrana ya había hecho lo suyo al respecto: firmó una declaración ante la ONU para eximir a Colombia de la jurisdicción del TPI hasta el 2009.
Chamorro especificó que el 5 de agosto el gobierno colombiano se autoexcluyó de la categoría de crímenes contenida en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que crea la CPI. Dentro de los crímenes contenidos en ese artículo 8 hay varios que frecuentemente son ejecutados por los grupos armados ilegales, como la toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, atacar lugares que no sean objetivos militares o el reclutamiento de menores de edad el empleo de armas tóxicas, entre otros. La declaración deja además por fuera de la competencia de la CPI a los extranjeros que cometan crímenes de guerra en territorio colombiano. Chamorro dijo que esto es algo así como “darle una patente de corso a la guerrilla, los paramilitares y los norteamericanos que operan en nuestro país”.
El embajador de Colombia ante la ONU confirmó la denuncia de Chamorro, pero argumentó que “aquí no se está engañando al país, sino que para el anterior gobierno hubo argumentos que fueron válidos en su momento para determinar esa posición”.