Luego de que fuera aprobada el lunes por el Senado español la Ley de Memoria Histórica, con la que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un giro histórico al largo proceso de la transición española, comienzan a hacerse palpables sus consecuencias. El puntapié inicial lo ha dado la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que a pesar de la oposición de sus familiares ha solicitado la exhumación de los restos del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, asesinado por el franquismo en 1936.

Luego de tres años y medio de trámite parlamentario, en la que ha sido objeto de feroces ataques por parte de los conservadores del Partido Popular, en la oposición, la citada ley se hará efectiva durante los próximos días una vez que la gaceta oficial publique los resultados de la votación del senado llevada a cabo el pasado lunes. El trámite parlamentario fue exitoso a pesar de que el Partido Socialista que la impulsaba no cuenta con la mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras, y pese a la oposición del PP, que la considera un elemento de división social y al rechazo que también despertó en Ezquerra Republicana de Cataluña, una formación independentista con fuerte presencia en el gobierno regional con sede en Barcelona –que además comparte con el PSOE– que la ha considerado insuficiente.

La nueva legislación deroga definitivamente todas las leyes del período franquista que aún permanecían en vigor, a la vez que rehabilita la memoria de las víctimas de la dictadura y considera ilegítimas, aunque no ilegales, las disposiciones emitidas por los tribunales durante el largo gobierno del general Franco que siguió a la derrota de los republicanos en 1939 y que acabó con la muerte del caudillo, el 20 de noviembre de 1975. A su vez, exige la retirada de todos los símbolos de la dictadura de calles y edificios públicos, una medida que originalmente también contemplaba los templos católicos aunque esta última disposición fue retirada a último momento por los socialistas para ganarse el apoyo parlamentario de los grupos nacionalistas moderados de Convergencia i Unio, de Cataluña y del Partido Nacionalista Vasco, que posibilitaron con sus votos la aprobación definitiva de la ley.

La ley deja también abierta la posibilidad de que comiencen a exhumarse los restos de las víctimas de la dictadura, aunque no abre la puerta a que se juzgue a los responsables de estos crímenes que aún permanezcan con vida, razón por la cual la izquierda más radical rechazó la iniciativa. Este proceso de reconocimiento de los cuerpos comenzó ya desde el mismo momento en que los socialistas presentaron la propuesta al Parlamento y se ha vuelto un tema cotidiano en la prensa española durante el último año, a medida que las exhumaciones avanzan.

Con esta medida el gobierno de Zapatero cumple con una de sus promesas electorales más polémicas, ya que el Partido Popular, heredero político del franquismo, rechazó la propuesta desde un comienzo y a lo largo de la campaña electoral, que culminará en las elecciones generales del 8 de marzo del próximo año, utilizará los mismos argumentos que usó para defenestrarla.

Aun así el texto legal es ambiguo también en lo que respecta a la reapertura de las causas que conciernen a los crímenes cometidos por la dictadura del general Franco. Mientras Izquierda Unida, heredera del antiguo y proscrito Partido Comunista Español, considera que el texto deja abierta las posibilidades de que las causas sean reabiertas, el PP considera que sería un grave error caer en esa interpretación y asegura que el PSOE ha cometido el mismo error que el franquismo, ya que ha tratado de imponer una única memoria histórica oficial. Las asociaciones de víctimas de la dictadura, mientras tanto, aunque han señalado que la ley es insuficiente, se han mostrado partidarias de su promulgación porque entienden que es un paso más para establecer justicia, algo que la denominada Transición Española, en su momento, dejó de lado con el visto bueno de todas las fuerzas políticas, incluidas las que habían perdido la Guerra Civil, como el Partido Socialista y el Partido Comunista.