En uno de sus actos postreros, el ex presidente Néstor Kirchner formalizó el relevo de Beatriz Paglieri de la Dirección de Precios al Consumo al designar a la funcionaria en la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Nadie puede dudar de que el desplazamiento es una clara señal a favor de la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos, intervenido bajo el mando de Guillermo Moreno para conseguir un IPC a la medida de las expectativas del Gobierno, que enmascare la creciente inflación. Pero, tal como resaltan los trabajadores del organismo, ese gesto –que en rigor hay que atribuir a la nueva presidencia–, resulta en sí mismo insuficiente para recuperar a una institución con cuerpos técnicos desmantelados y credibilidad vulnerada.

Paglieri llegó a esa dirección el 29 de enero en el medio de la crisis que desató la expulsión del cargo de Graciela Bevacqua, que se resistía a los cambios metodológicos sugeridos desde Economía para contener al índice de precios al consumidor. Arribó como una persona de confianza de la ex ministra Felisa Miceli, y desde esa estratégica dirección fue concentrando competencias sobre otras áreas que quedaron acéfalas debido a la progresiva purga de funcionarios comprometidos con los procedimientos tradicionales. Una de ellas es la Encuesta Permanente de Hogares, área clave para la producción de información de la que resultan los datos de pobreza y desocupación.

Pocas horas antes de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, los trabajadores nucleados en ATE le enviaron una carta al ministro de Economía, Martín Lousteau, con copia a la Presidenta, detallándole los problemas derivados de la intervención de facto del organismo y reclamándole algún esfuerzo para reabrir el diálogo. El relevo de ayer de algún modo contempla esa aspiración, ya que Paglieri resultaba una “figura emblemática” de la estrategia intervencionista sobre el Indec, tal como la califica Cynthia Pok, coordinadora técnica de la EPH. Esta idea está avalada por la línea directa que Paglieri tenía con el secretario de Comercio, ejecutor de la política antiinflacionaria por un doble sendero: el de comprometer a productores con los acuerdos de precios y el de aplicar cosmética metodológica para que el IPC no refleje las verdaderas subas.

Pero ese buen gesto no alcanza para dotar de confiabilidad a la producción del organismo, alterada en gran medida por el desmantelamiento de los cuerpos técnicos especializados y el “congelamiento” de trabajadores comprometidos con las rutinas históricas y aceptadas formalmente. Las correcciones para depurar la entidad que debería instrumentar Ana María Edwin, actual interventora, no son pocas.

Hay técnicos del área de Indice de Precios al Consumidor que fueron reubicados en el Ministerio del Economía, lejos de sus puestos en el Indec. La estratégica EPH está golpeada de varias formas diferentes, según denuncia la propia Pok, funcionaria de carrera y prestigio en el área estadística. Los datos relevados en el neurálgico Gran Buenos Aires no son enviados al equipo que centraliza la información, lo que supone distorsionar el procedimiento normado; algunos partes de prensa de la Encuesta no fueron producidos por ella y otra información que sí está en condiciones de ser difundida queda en reserva. Un ejemplo son los datos sobre distribución del ingreso: en la página del organismo figuran datos que no se corresponden exactamente con los que deberían surgir de este estudio.

Tampoco genera confianza un nuevo índice de precios que, tal como se hizo saber desde el Gobierno, acotará la medición a lo que podría considerarse como los consumos estándares de los sectores populares. “Hasta ahora había un índice integrado de todos los niveles socioeconómicos, a semejanza de lo que se hace en los Estados Unidos. Con esta información es posible elaborar subíndices con canastas diferentes según los niveles de ingresos. Alterar este procedimiento es una aberración”, según señala Pok.

La partida de Paglieri es, al mismo tiempo, una señal de que existe vocación de limitar la prepotencia de Moreno sobre el organismo y de que se le allana el camino a Lousteau para recomponer la credibilidad. Sin índices confiables, también se complica la discusión salarial y se deja un flanco abierto a los cuestionamientos de la banca de inversión.