Hoy podría comenzar a revelarse el misterio que rodea la muerte del represor Héctor Febres. A partir de las 7 se realizará la autopsia a su cadáver en la Morgue Judicial, en el marco de la causa que investiga la muerte dudosa de ex prefecto que revistó en la ESMA. Participarán los peritos de la familia y de los querellantes en el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad. Desvanecida la primera versión del infarto, alimentada a partir de sus problemas cardíacos y de diabetes, la sospecha quedó instalada a partir de la inquietud de la propia familia y la preocupación de los querellantes por ver frustrada la culminación del proceso contra este represor. A pesar del hermetismo del juzgado, Página/12 pudo saber que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decretó el secreto de sumario, en parte, por las contradicciones en que habrían incurrido los oficiales de la Prefectura que custodiaban a Febres y que ya fueron interrogados. En las últimas horas la magistrada constató que el imputado gozaba de comodidad y libertad de movimientos.

La celda de Febres era, en realidad, un departamento de dos ambientes. Tenía la puerta abierta para entrar o salir cuando quisiera. Los investigadores del caso confiaron a Página/12 que su muerte fue descubierta once horas después de ocurrida, cuando no se presentó a desayunar. Tenía un teléfono celular, televisor y reproductor de DVD y gozaba de visitas ilimitadas. Por ejemplo, el domingo pasado su familia estuvo cinco horas con él y, como era habitual, le llevaron comida. Nada de lo que ingresaban era revisado por los guardias. Estas condiciones de detención, según los investigadores, estarían haciendo más difícil establecer qué es lo que sucedió.

Este prefecto que ofició de enlace entre la Armada y la Prefectura en el centro clandestino que funcionó en la ESMA tenía 65 años y fue encontrado muerto el lunes a la mañana en dependencias que esa fuerza de seguridad tiene en la zona del Delta, cuatro días antes del momento en que habría tenido la oportunidad de pronunciar sus “últimas palabras” antes de escuchar la sentencia.

Más allá de la responsabilidad que podrán tener los sucesivos tribunales que tuvieron a Febres a su disposición y la propia Prefectura Naval si se comprueba que no falleció de muerte natural, la jueza Arroyo Salgado determinó que la investigación no podía quedar en manos de esa fuerza y dio intervención a la División Homicidios de la Policía Federal. La magistrada acudió a ver el cuerpo antes de que fuera levantado de la habitación en donde lo hallaron los guardiacárceles, tomó una decena de declaraciones testimoniales y estableció el secreto de sumario por diez días, al parecer por las contradicciones entre las declaraciones de prefectos que estaban asignados a la custodia. Una de las primeras medidas que realizó la Federal tuvo que ver con un estudio de planimetría en el lugar de detención de Febres.

Apenas conocida la noticia, los abogados que representan a las cuatro víctimas por cuyos casos estaba siendo juzgado Febres se movilizaron para tener acceso a la investigación. Además de la bronca porque el juicio quede trunco, expresaron sus sospechas de que alguien haya querido silenciar al imputado antes del momento de su alegato final. Ayer tanto Myriam Bregman como Rodolfo Yanzón expresaron su satisfacción porque la jueza accedió a tenerlos como parte en la autopsia que se realizará hoy. Fueron autorizados a participar del procedimiento los peritos Hugo Nandín, Julio Raviolli y Claudio Capuano, mientras que Héctor Daniel Febres es el querellante por parte de la familia.

Una de las medidas que se tomarán hoy será la extracción de órganos, tejidos y fluidos para realizar “estudios toxicológicos tendientes a determinar la ingesta de medicamentos, tóxicos y/o veneno”, según comentaron a Página/12 los abogados. Los resultados de estos análisis demorarán unas dos semanas, pero los investigadores estiman poder tener más pronto algún indicio al respecto. Otra de las iniciativas será la realización de un estudio de “histopatología y reserva de material de ADN” con el objetivo de determinar si aparece tejido de otra persona, lo cual podría indicar si Febres forcejeó con alguna persona o puso resistencia ante un ataque antes de morir. Los querellantes pidieron otras medidas, referidas a cierta documentación, que están a estudio de la jueza en la causa 8566 que sigue teniendo la calificación de “muerte por causa dudosa”.

Febres, alias “gordo Selva”, siempre fue alto y de contextura grande, pero sus víctimas coincidieron en que ahora estaba más excedido de peso. Además de su condición de enfermo cardíaco y de su diabetes, los médicos que lo trataron durante su detención le habrían relatado a la jueza que estaba “deprimido” en los últimos días, al parecer ante la inminente sentencia. Por eso los investigadores no descartaron el suicidio como hipótesis de esta “muerte dudosa”.

Acusado de torturar y tratar con las mujeres embarazadas cautivas en la ESMA y sus bebés, Febres pasó nueve años preso y siempre se quejaba de no tener la edad suficiente para pedir el arresto domiciliario. Murió a los 65, poco antes de su condena.

Informe: Sebastián Abrevaya.