Cuando faltan poco más de dos meses para que se realicen las elecciones presidenciales españolas, una dura e inédita polémica estalló ayer en Madrid entre el gobernante Partido Socialista y la jerarquía de la Iglesia Católica. Todo comenzó el pasado domingo cuando un puñado de obispos conservadores convocó en Madrid a una manifestación de apoyo a “la familia cristiana” que culminó con duras críticas al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer el PSOE decidió que la provocación no podía quedarse sin respuesta y en un comunicado de inusitada dureza acusó a los prelados de apartarse “de los fundamentos esenciales de la democracia”.

En la multitudinaria manifestación madrileña que tuvo lugar el último fin de semana del 2007, el núcleo más duro del sector neoconservador de la Iglesia española había arremetido contra la administración socialista afirmando que durante el actual gobierno de Zapatero se había manifestado “un retroceso de los derechos humanos”. En el acto, que según los organizadores reunió más de dos millones de personas, mientras la prensa independiente situó la cifra en menos de doscientas mil, se vertieron duras críticas a la ley de matrimonio homosexual promulgada en esta legislatura, a la inclusión de la materia de Educación para la Ciudadanía en la última reforma educativa, a la ley que acelera los trámites de divorcio y la propuesta de los socialistas de ampliar la actual legislación sobre el aborto.

La dureza de los discursos que se escucharon ese fin de semana tomó por sorpresa al Ejecutivo español, que a lo largo de los últimos cuatro años mantuvo una tensa relación con la cúpula católica, que sin embargo no llegó a mayores, ya que el PSOE decidió no enfadar a la Iglesia a pesar de la beligerancia constante de una parte significativa de sus obispos. El gobierno de Zapatero envió incluso a mitad de legislatura a la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Vaticano con la promesa, finalmente cumplida, de que se mejoraría la ley que permite el financiamiento de la Iglesia a quienes así lo manifiesten en su declaración anual impositiva y dio sobradas muestras de sus intenciones de evitar un conflicto mayor.

Pero la paciencia de los socialistas tocó techo el pasado domingo. El primero en salir a contestarles a los obispos fue el secretario de organización de PSOE, José Blanco, que aprovechó el primer día del año para colgar en su página web un durísimo comunicado exigiéndoles a los obispos que no se metan en la campaña electoral y que, en caso contrario, le exijan públicamente al Partido Popular que, si llega a ganar las elecciones, derogue las leyes que tanto molestan a los prelados, algo que, según Blanco, no hicieron mientras gobernaba el conservador José María Aznar mientras que la actual ley sobre el aborto está en vigor desde 1985. Blanco acusó directamente a la Iglesia de haber convocado a un acto electoral y sugirió a los obispos que, si tanto les interesa la política, se presenten a las elecciones.

Ayer, la Comitiva Federal, máximo órgano de dirección del PSOE, emitió un comunicado de inédita dureza contra las acusaciones vertidas en el acto del pasado domingo, en el que afirmó que no se dará “ni un solo paso atrás” con respecto a la legislación familiar y que a su juicio es “la sociedad la que ordena los principios de libertad individual y de convivencia” y no la jerarquía católica. En su primer acto electoral del año, José Luis Rodríguez Zapatero se sumó a la línea crítica de su partido contra el sector conservador de los obispos manifestando que “en la España de la Constitución cabe todo el mundo” y que su partido apuesta por “vivir en tolerancia y tener respeto por todas las ideologías”.

La arremetida del sector más conservador de la jerarquía católica se puede interpretar también como parte de la dura lucha interna que vive la Iglesia española de cara a la renovación de las autoridades de la Conferencia Episcopal que tendrá lugar en marzo, en coincidencia con las elecciones generales. La CE actualmente se encuentra bajo el control de los sectores más moderados aunque los nuevos aires neoconservadores que soplan en Roma han entusiasmado a los obispos más radicales que ya se han puesto en campaña para hacerse con la mayoría en este órgano de vital importancia.

La polémica llegó también, como no podía ser de otra manera, a los principales medios de comunicación. El diario El País, en un editorial titulado “Laico de una vez”, exige que el gobierno “extreme la separación entre la Iglesia y el Estado, una separación que no acaba de ser real”. El prestigioso matutino llama a “eliminar los rastros que quedan del confesionalismo”, sugiere incluso que se financie también a otras religiones con el mismo criterio que a la católica y que se revisen “los acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede” para construir así “un Estado laico de verdad” libre de “los últimos lastres de los poderes fácticos”.