El mismo día en que afrontó el primer paro en contra de una medida de su gestión, el macrismo redobló la apuesta: ayer anunció la intervención a la obra social de los trabajadores estatales de la ciudad, una organización con más de 100 mil afiliados activos, 250 mil beneficiarios y un presupuesto anual de 350 millones de pesos. Lo hizo mediante un decreto de necesidad y urgencia que debe ser refrendado por la Legislatura, con la intención de incluir a los trabajadores del sector dentro del régimen de desregulación, como rige para la mayoría de los gremios. Es decir que los empleados del gobierno porteño puedan optar por continuar con su obra social o adherirse a otra, una medida que era reclamada por muchos afiliados. El gremio, que maneja la obra social, no convocó a una medida de fuerza, como se suponía, sino que hará una presentación judicial en contra del decreto. “Macri no tiene atribuciones para intervenir la obra social”, dijo a Página/12 Alejandro Amor, secretario gremial del Sutecba. El gremio cumplió ayer un paro de tres horas contra el despido de unos 2300 trabajadores contratados, y convocó para hoy a un cese de tareas de cuatro horas y, para mañana, a un paro con movilización.

La intervención de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) fue anunciada ayer en conferencia de prensa por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. El interventor es Jorge Rey, un especialista en recursos humanos que trabajó en una empresa del Grupo Macri. “Estamos interviniendo la obra social para iniciar el camino de la libre elección y sanear el servicio para que sea de calidad”, afirmó Macri, junto a su gabinete en pleno.

Con esta decisión, el macrismo pretende meter una cuña en el frente sindical, unido en contra de los despidos. Es que la desregulación era un reclamo histórico de un amplio sector de personal de la ciudad, especialmente de los médicos y otros profesionales de la salud y de los docentes. “Hay más de 2000 reclamos judiciales por el traspaso de obra social, muchos de ellos con sentencia de primera y segunda instancia”, dicen en el macrismo. Esos reclamos están basados, en su mayoría, en la disconformidad de los trabajadores respecto de las prestaciones de la obra social.

Fuentes cercanas al jefe de Gobierno explicaron a este diario que la medida se adoptó por “el incumplimiento del artículo 37 de la ley 472, por la que se creó la Obsba, que ponía como plazo máximo el 1º de enero de 2003 para que la obra social adhiera al régimen de Sistema Integrado Nacional, regido por las leyes que establecen la desregulación de las obras sociales”. Otro argumento a favor del decreto es “un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, de septiembre de 2006, que legitimó el reclamo de una trabajadora docente”.

–¿Tiene atribuciones el jefe de Gobierno para intervenir una obra social? –le preguntó Página/12 a la fuente.

–La misma que tuvo el presidente (Néstor) Kirchner para intervenir el PAMI. La medida no está contemplada expresamente, por eso se toma por decreto de necesidad y urgencia que debe ser refrendado por la Legislatura –afirmó la fuente.

La Obsba, en rigor, no es una obra social puramente sindical, sino que se trata de una organización mixta, integrada por representantes del gremio y del Estado porteño: está administrada por un directorio, presidido por un sindicalista, con un vicepresidente designado por el jefe de Gobierno, y diez directores, mitad representantes del gremio, mitad de la burocracia estatal.

Desde el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad (Sutecba) desvinculan la intervención del conflicto por los despidos. “Por los despidos, hay un plan de lucha, con paros y movilización, por la reincorporación de los 2000 despedidos. En cambio, este decreto va a tener una respuesta legal”, dijo a Página/12 el secretario gremial de Sutecba, Alejandro Amor.

La presentación de los abogados del gremio se basa en que la ley no contempla causales de intervención. Y es que para cumplir con la desregulación “era necesario sancionar una ley reglamentaria” que nunca se aprobó. Desde el macrismo replican que esa ley debía ser propuesta por la obra social, que “nunca mostró voluntad de hacerlo”.

En el gobierno intentan desvincular esta decisión de la puja con el gremio. “Lo prometimos en la campaña y lo estamos haciendo”, dijo un vocero del macrismo.

Si bien no se expresaron a favor o en contra de la intervención, los médicos de los hospitales porteños respaldaron la desregulación de la obra social, una medida por la que vienen reclamando desde hace tiempo. “Existen más de 2000 reclamos judiciales pidiendo la desregulación. Por lo que dicen nuestros afiliados, es una demanda justa, deben tener la libertad de elección”, dijo a Página/12 el titular de la Asociación de Médicos de la Ciudad, Jorge Gilardi.

Si la intervención logra superar los escollos legislativo y judicial, la desregulación no será inmediata. “No podrá hacerse antes de los seis meses, porque antes hay que hacer un proceso de mejora de la atención a los afiliados”, dijo a este diario una fuente cercana a Macri. “La idea es que la obra social pueda competir con las otras y que los afiliados que quieren quedarse tengan una buena prestación”, agregó el funcionario, que citó un informe del Ministerio de Salud porteño sobre las falencias en la calidad de atención en la Obsba.

Desde el gremio se defienden argumentando que la obra social no sólo atiende a los afiliados activos y a sus familias, como todas las demás, sino a los jubilados del sector. “Los de las otras obras sociales son atendidos por el PAMI”, sostuvo Amor.

Lo cierto es que el reclamo contra la intervención se hará sentir mañana, en la movilización ante el gobierno porteño. El plan de lucha que comenzó ayer, en tanto, ya generó inconvenientes en el inicio de las colonias de vacaciones dependientes de Deportes: ayer sólo se iniciaron las que dependen del Ministerio de Educación.