Tres días antes de que se pusiera en marcha el Operativo Emmanuel el pasado jueves, las FARC redactaban su mensaje de fin de año en el que su líder, Manuel Marulanda, llamaba a una “ofensiva general”. El mensaje de Tirofijo está fechado el 24 de diciembre y fue divulgado ayer por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) –afín a las FARC–, curiosamente en momentos en que la organización estaba en proceso de realizar su anunciado gesto unilateral de liberar a los secuestrados Clara Rojas, su hijo Emmanuel y Consuelo González.

Dijo el jefe de las FARC en su tradicional texto de fin de año: “Es conveniente aprovechar la crisis general por la que atraviesa el gobierno (de Alvaro Uribe) y el cansancio reflejado en algunas unidades militares para comenzar a preparar las condiciones para organizar una ofensiva general”. Luego se dio todo de modo vertiginoso: se suspendió la operación de rescate de los tres rehenes de la guerrilla colombiana, llegó el Año Nuevo y más tarde surgió la hipótesis de que Emmanuel no estaría en manos de los rebeldes. Hugo Chávez y las FARC culparon al gobierno colombiano de frustrar la entrega y por ahora la historia termina con los cuatro aviones de la misión volviendo ayer a Caracas.

Marulanda, de unos 77 años y que fundó las FARC en 1964, añadió que sus cuadros “están obligados” a desarrollar “acciones armadas en carreteras, veredas, selva, centros urbanos, caseríos y cuarteles, sin dar tregua al enemigo, tal como éste lo hace” contra la organización. El líder de las FARC reclamó “utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos, demandas al Estado por la paz, defensa de los derechos humanos, paros cívicos, denuncias de masacres y atropellos oficiales ante organismos competentes nacionales e internacionales”. Además, en alusión a la “política de seguridad democrática” promovida por el presidente conservador Alvaro Uribe, calificó como “indispensable desenmascarar la patraña uribista dando cuenta por los medios de comunicación hablados y escritos de los éxitos obtenidos por su gobierno contra las FARC, donde asegura haber dado de baja a 8000 guerrilleros y haber desmantelado veinte frentes”. Marulanda criticó al gobierno por no aceptar el acuerdo humanitario por el que se intercambiarían 45 políticos, estadounidenses, soldados y policías secuestrados a cambio de unos 500 rebeldes de ese grupo presos.

Entretanto, en la misma página se publicó un mensaje también de fin de año del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, en un tono más mesurado que el de Manuel Marulanda, en donde reclaman de todo el país “esfuerzos por la solución política del conflicto”. El secretariado afirmó que en “el 2008 la lucha reivindicativa de nuestro pueblo será más intensa y amplia por recuperar las conquistas salariales arrebatadas y contra las privatizaciones neoliberales, por un salario mínimo justo”.

En el comunicado las FARC señalaron que si “durante el año que termina fue grande el interés mundial por aportar a la solución política de la confrontación que padece nuestro país, el que comienza será generoso en solidaridad internacional a pesar de los palos que atraviesa Uribe por impedir el intercambio de prisioneros”.

En Año Nuevo, una semana después de llamar a una ofensiva, Marulanda le mandó una carta al presidente venezolano, Hugo Chávez, explicando que el ejército colombiano impedía la entrega de los rehenes. “Los intensos operativos militares desplegados en la zona nos impiden, por ahora, entregar a usted a Clara Rojas, Emmanuel y a la ex representante Consuelo González de Perdomo, como era nuestro deseo”, dice la carta. Las FARC aseguran que “insistir en ello en estas condiciones sería poner en grave riesgo la vida de las personas a liberar, del resto de prisioneros de guerra y de los mismos guerrilleros designados para cumplir esta misión”.

El gobierno colombiano, en cambio, insiste en desmentir el argumento de la guerrilla e indicó que las FARC no cumplieron con la entrega de los rehenes porque no tenían en su poder a Emmanuel, quien según el Ejecutivo se encuentra en un instituto estatal de protección a menores.