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Desde México, D. F.

La primera vez que se intentó extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. (LFC) fue en diciembre de 1974, mediante un acuerdo presidencial que autorizó la disolución y liquidación de LFC, Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca S. A. y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S. A. Desde entonces, la Comisión Federal de Electricidad (creada en 1937) fue autorizada para adquirir la titularidad de sus bienes y derechos de esas empresas públicas.

El desarrollo de la industria eléctrica en México se remonta a finales del siglo XIX; la inversión privada, mayoritariamente extranjera, predominaba ya para 1930, controlando el 70 por ciento de la capacidad instalada. Sin embargo, una década después, el servicio apenas atendía a la mitad de la población. El presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica el 29 de diciembre de 1960, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, estableciendo que no se otorgarán concesiones a los particulares.

Luego de un cuarto de siglo de embates gubernamentales, LFC había sobrevivido a cuatro presidentes que no pudieron extinguirla. En 1989, el gobierno federal optó por crear un organismo descentralizado que concentró todas las concesionarias en disolución y liquidación, aunque tardaron otros cinco años para crear el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en 1994.

Una de las razones que determinaron la supervivencia de esta empresa fue el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una de las pocas organizaciones obreras independientes que se mantuvo fuera de las esferas de control corporativo de los gobiernos priístas y que se ha negado a ser comparsa de las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ahora, al extinguirse la empresa también se desmantela su sindicato, cuyos 66.000 trabajadores se van a la calle. La indemnización costaría al erario unos 20.000 millones de pesos (casi 1500 millones de dólares).

Ayer por la tarde, el secretario general del SME, Martín Esparza, a quien el gobierno no reconoce, rechazó ante el secretario de Gobernación la propuesta de indemnización que lanzó la administración de Felipe Calderón, por considerarla “inaceptable”.