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“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.” Fue la inverosímil y aplaudida acusación del empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), referente de la Sociedad Rural, el viernes 4 de septiembre, ante un auditorio de estancieros, empresarios y familias tradicionales. Una semana antes, cien policías habían reprimido ferozmente a la comunidad mapuche Currumil–Quillén, quemado sus rucas (casas) y destruido sus herramientas. El “crimen” de la comunidad había sido recuperar un campo de invernada. La Sociedad Rural, insatisfecha por lo que entendió un endeble accionar policial, exigió una reacción más enérgica. En la misma sintonía, tres reconocidos abogados de Buenos Aires pidieron a la Justicia de Neuquén que accione contra el pueblo mapuche, que leyó el pedido como la antesala de “represión y mano dura”. Los letrados cuentan con un currículum acorde: defensor de represores de la dictadura, planificador del desguace del Estado durante el menemismo y ministro de Justicia durante la Masacre de Puente Pueyrredón.

Las relaciones entre el pueblo mapuche y las corporaciones empresarias nunca fueron buenas. Y el último año tuvieron una escalada. Las comunidades indígenas de Neuquén comprobaron que sus tradicionales campos de veranada habían sido alambrados por estancieros y alertaron que el gobierno provincial, mediante la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), había avanzado con monocultivo de pino sobre territorio indígena.

En ese contexto, la Confederación Mapuche explicó en un comunicado que las recuperaciones son “actos de estricta justicia” en el marco de décadas de ser testigos pasivos y donde padecieron robos de tierras ancestrales. “Un sector privilegiado de la región y ligado al poder político se apropió de tierras, desalojó a nuestra sociedad preexistente y consolidó un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia”, denunció la organización.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) gobierna la provincia desde hace 47 años (1962), donde siempre tuvo como protagonismo el clan Sapag. El MPN es aliado incondicional de empresas petroleras, mineras y forestales, todas industrias que chocan de lleno con el desarrollo de pueblos indígenas.

“Son 32 las causas penales en proceso en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del pueblo mapuche. En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos”, denuncia una carta de la Confederación Mapuche al relator especial de la ONU sobre asuntos indígenas, James Anaya, en agosto de 2009.

Bartolomé Clavero es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y, por sobre todo, es un referente internacional en jurisprudencia aborigen. Expolio del pueblo mapuche en el Neuquén es el título de su reciente trabajo, donde repasa el accionar político, policial y judicial en la provincia. “Existen evidencias de políticas provinciales sistemáticamente lesivas de los derechos reconocidos a las comunidades indígenas. El acoso se acentúa y el despojo prolifera”, afirmó el catedrático y fue más allá: “El gobernador Jorge Augusto Sapag, miembro de una familia hoy dominante en la provincia, se ha convertido en el motor de la ofensiva contra las comunidades indígenas. La Justicia no le va a la zaga, produciendo una verdadera retorsión del Derecho. En los antípodas de los reconocimientos constitucionales, haciendo alarde de ignorancia supina de la ley”.

“Se está ignorando la legislación internacional de los derechos humanos en general y el Derecho internacional de los pueblos indígenas en particular. El Movimiento Popular Neuquino y el gobernador de Neuquén encabezan políticas verdaderamente genocidas, respaldadas en diverso modo por la Legislatura y la Justicia de la provincia”, denuncia el reconocido especialista de la ONU. En el gobierno neuquino no respondieron los llamados de este diario para referirse a esas acusaciones.

El 4 de septiembre, la Sociedad Rural convocó a una reunión para trazar una estrategia frente a los pueblos indígenas. “Unidos en la defensa de la Constitución y la soberanía nacional”, rezaba la convocatoria, que también invitaba a concurrir con una bandera argentina y contó con la adhesión de empresas mineras.

“Quienes encabezan este tipo de maniobras (las recuperaciones) son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Carlos Sapag, sin aportar evidencia alguna. En diálogo con Página/12, el jefe de Prensa de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Pablo Thourte, respaldó los dichos de Sapag, aportó como prueba un artículo del diario chileno El Mercurio (reconocido sustento mediático del dictador Augusto Pinochet), denunció que al menos 50 miembros de la tradicional entidad mantienen conflictos con comunidades originarias y complementó con una reciente presentación al el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En esa presentación de 35 carillas se denomina “delincuencia rural” al accionar indígena, se solicita terminar con “la pasividad policial” y pide juzgar a los autores de las recuperaciones. También denuncia que el Estado tiene “renuencia a ejercer el atributo de la fuerza legal y legítima”. No se oficializó quiénes son los denunciantes, pero se confirmó que adhirieron numerosos integrantes de la Sociedad Rural.

Los abogados patrocinantes son Juan Carlos Cassagne (el ideólogo, junto con Roberto Dromi, de las privatizaciones menemistas), Carlos Sánchez Herrera (defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ, general retirado y procesado por apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Sánchez Herrera fue acusado de ser uno de los lobbystas del Ejército que diseñaron la estrategia de los militares al finalizar la dictadura militar) y Jorge Vanossi (ministro de Justicia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, denunciado como el ideólogo de la Masacre de Avellaneda, con un centenar de heridos y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki).