El Tribunal Supremo le asestó ayer otro golpe a Baltasar Garzón en la causa por manejo de fondos privados al rechazar todas las pruebas que la defensa presentó para demostrar su inocencia. La semana pasada, el instructor Manuel Marchena lo imputó por cohecho impropio por una gestión presuntamente irregular de fondos privados para unos cursos que dictó en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Garzón había recusado anteriormente a Marchena por oficiar simultáneamente de juez en la causa de corrupción conocida como Gürtel, por la que aún aguarda sentencia.

El magistrado del TS había dicho que existían indicios de que hubo un reparto clandestino de dinero procedente de subvenciones. “Se creó un interesado escenario de descontrol en el reparto de las abultadas partidas que recibía la Universidad de Nueva York”, había dicho Marchena.

Garzón, quien negó en un comunicado haberse contactado personalmente con empresas para pedir fondos, quería que se tomara declaración a una empleada de la Universidad de Nueva York y a un traductor. Esto para aclarar el error de la página web del centro, que presentaba al magistrado como quien gestionó y obtuvo la financiación para la realización de los cursos. Para justificar los cobros, Garzón había pedido la declaración del asesor Angel Luis Durán. El fue quien liquidó el impuesto sobre el patrimonio de Garzón en 2002. Con esto el acusado quería demostrar que disponía de una única cuenta bancaria el Citibank en Nueva York y la remisión para reclamar al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad la documentación de las subvenciones del Banco Santander. “La declaración como testigo de Durán poco o nada puede añadir acerca de si el investigado disponía de una o más cuentas en la entidad bancaria”, aseguró Marchena. En el auto conocido ayer, el instructor rechazó la incorporación de los justificantes de la aplicación de los patrocinios realizada por el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York. Marchena dijo que el testimonio de los principales responsables de las entidades que ofrecieron fondos para los cursos organizados por el querellado pone de relieve que ninguna de aquéllas exigió una cuenta pormenorizada de los términos en que fueron aplicadas las cantidades abonadas al centro académico. El instructor dijo que carecía de sentido promover una comisión rogatoria a Estados Unidos para indagar sobre los certificados, ya que el Banco de Santander –uno de los patrocinadores de los cursos junto con Cepsa, Endesa, BBVA y Telefónica– no les había exigido liquidación pormenorizada de la subvención aplicada.