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–El Plan Cóndor contiene aún verdades no reveladas, e investigaciones que quedan por hacerse.

–Creo que el Plan Cóndor no fue tan poco masivo como se dice. Implicó a unos seis países, pero no es todo. Cuando se siga profundizando podremos decir si había algunos más. El Plan Cóndor era importante para quienes lo diseñaron y detrás de él había una represión ideológica brutal, con una idea de eliminar la discrepancia política con una total impunidad. Estamos hablando de coordinación entre sistemas judiciales en 2013 para referirnos a un operativo que comenzó en 1975. Es hora de que esto se esclarezca.

–Para usted el Plan Cóndor fue un vehículo esencial para restaurar la idea de justicia universal.

–Hubo un momento histórico importante, que fue la detención de Augusto Pinochet. Esto catapultó universalmente ese principio. De alguna forma y entre comillas, habría que agradecérselo a Pinochet. En ese momento, la idea de justicia universal estaba perdida. Se tenía conciencia de ella para otro tipo de crímenes, pero realmente, para los crímenes de terrorismo de Estado, de genocidio, de lesa humanidad, no. Esa es la verdad. Y lo que sí sucedió es que a partir de ese momento todo cambia y no por la acción de un juez sino, principalmente, de las víctimas y de los organismos de derechos humanos que impulsaron desde el comienzo esa acción y que lucharon contra las dictaduras, contra el silencio y la impunidad decretada ya en democracia. El aporte de la Justicia española primero, y luego de otros países, consistió en empujar para que esa imposibilidad de actuar en los lugares de comisión de los hechos no se convirtiera en algo permanente.

–Además de reactualizar la idea de una jurisdicción universal, el arresto de Pinochet arrojó un oprobio imborrable sobre su figura.

–Sí, sobre todo en aquellos que todavía creían que era un dictador inmaculado. Luego se comprobó que no era tan limpio. Había cuentas millonarias con 27 millones de dólares en el banco Riggs. Gracias al bloqueo que ordené en el año 1998 el Senado de Estados Unidos suspendió las actividades del banco. Luego yo inicié en España un nuevo proceso contra Pinochet, sus familiares y el propio banco. Así se consiguió que se estableciera una indemnización de 9 millones de dólares para las víctimas. Ha sido el único aporte que se hizo desde el ámbito bancario porque el señor Pinochet también prestó atención no sólo al bienestar del Estado, sino también al suyo propio.

–Hoy hay un retorno de la justicia universal, pero al revés: esa Justicia vuelve a la cuna de donde salió para pedírsela a usted. Ante el rechazo de la Justicia española de investigar los crímenes del franquismo en España, se recurre ahora a la Justicia en la Argentina.

–Sí. La jurisdicción universal es un principio de ida y vuelta. Cuando en la Argentina, Chile, Guatemala o El Salvador no era posible que la acción judicial tuviera lugar en el propio país, se activó el principio de jurisdicción universal en España y otros países. Luego, las paradojas de la historia hicieron que en el país que antes propició esa acción, que fue España, cuando tuvimos que abordar los propios crímenes franquistas no sólo no se produjo la investigación, sino que, además, al juez que la inició, que fui yo, lo suspendieron y lo juzgaron. Con ello mandaron un mensaje tremendo, negativo, de desprotección de las víctimas. Dijeron: aquí no se va a hacer nada. Ese mensaje es tremendo y, en cierta forma, se está paliando porque las víctimas tuvieron que emigrar de nuevo jurídicamente a la Argentina. Ahora, la Argentina, desde el 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, con una Justicia beligerante en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad está supliendo lo que nosotros, los tribunales españoles, tendríamos que estar haciendo. Mientras tanto, en una y otra parte del Atlántico, la sociedad civil sigue peleando, sigue luchando y demandando justicia. En mi caso, ahora como parte de esa sociedad civil también lo estoy haciendo.

–Las democracias occidentales ponen un límite casi infranqueable. Ninguno de sus proclamados valores tiene vigencia.

–Yo creo que ninguna sociedad democrática se quiebra por la acción de la Justicia. Ese es un principio falso. Cuando las autoridades políticas deciden que hay un antes y un después, no hay un argumento jurídico válido. Normalmente, nunca se las consulta a las víctimas, pero sí se los consulta a los victimarios. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuándo vamos a empoderar el concepto de víctima universal, el concepto de protección integral en este tipo particular de crímenes para que no haya una repetición? La ONU lo dice muy claro: verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cuánta cantidad de justicia, cuánta cantidad de verdad y de reparación? Será algo que se tenga que definir. Hay muchos países en los que la acción judicial penal no ha sido la norma. Sudáfrica, por ejemplo. Hay otros países donde existe la Justicia transicional. Pero en todos debería de haber una participación de las víctimas, que son las que realmente han sufrido el daño. A partir de ahí, lo que se establezca bienvenido sea. En suma, o nos creemos lo que nosotros mismos hemos hecho, o entonces tendríamos que hacer un análisis y una autocrítica diciendo: todo es entonces mentira. Pero yo creo que no es mentira.

–¿Usted aún cree en esa verdad?

–Siempre respeto el sistema judicial democrático. Nada de lo ocurrido me hace dudar, sino defender e implementar todo lo que hace falta para que el sistema judicial sea más democrático, más participativo, más transparente y más efectivo en la protección de los derechos a los ciudadanos.