En el juicio oral sobre el Plan Cóndor, que comenzó en marzo, se juzga a 22 represores.

El juicio oral por los crímenes del Plan Cóndor concluyó su primera etapa, centrada en la reconstrucción de los casos de las víctimas uruguayas. Ayer comenzaron las declaraciones de los testigos de contexto, que son expertos e investigadores que analizaron las políticas de la coordinación represiva de las fuerzas de seguridad de la región durante las últimas dictaduras. Luego se iniciará la segunda parte, destinada a recoger pruebas sobre las víctimas chilenas y del resto de los países. Para la fiscalía, la etapa que concluye fue importante en cantidad de prueba, no sólo para reconstruir los secuestros y desapariciones de cada caso, sino también para aportar elementos a la lógica de coordinación de las dictaduras del Cono Sur que se llevó a cabo con la colaboración y el apoyo de Estados Unidos, que es uno de los elementos más significativos del juicio.

“Los 106 casos que llegaron al juicio son una muestra de lo que sucedió con el Cóndor”, dice Pablo Ouviña, fiscal del juicio oral. “Con este juicio no sólo estamos viendo si en el caso de cada una de las víctimas se verifica si hubo ‘delito’, sino que además estamos viendo otra cosa: la misma existencia del Cóndor. En esa vía buscamos pruebas sobre la existencia de la asociación ilícita (entre las fuerzas represivas), y luego ver si cada persona que está acusada en el juicio tuvo participación o contribuyó en la asociación ilícita y cómo lo hizo”.

En esa mirada anclada entre lo singular y la coordinación general, se halla una de las características de este debate. También de lo que pasó hasta ahora y de lo que se espera.

Jaime Nuguer es abogado por la querella originaria del juicio. “Me parece que lo específicamente relevante (del período uruguayo) es la abundante prueba testimonial que se produjo contra Manuel Cordero Plancentini por los delitos de tortura y desaparición de muchos militantes y dirigentes del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) y del MLN (Tupamaros)”, señala. “Cordero era el número dos de los servicios uruguayos, detrás de Nino Gavazzo, y como tal un operador importante de la Operación Cóndor. Estaba prófugo en Brasil, de donde fue extraditado a la Argentina en 2007”. El juicio oral comenzó en marzo. Se juzga a 22 represores, entre ellos los más altos responsables de la represión argentina que todavía están vivos y al uruguayo Manuel Cordero, emblemático para las víctimas y sobrevivientes de ese país, encargado del traslado de los prisioneros y enlace entre las dos fuerzas represivas. El juicio intenta reconstruir las pruebas de secuestros y desapariciones de 106 personas, entre los cuales hay una mayoría de uruguayos (48), pero también hay chilenos, paraguayos y bolivianos. Todas las víctimas del Cóndor elevadas a juicio están desaparecidas y fueron secuestradas en territorio argentino, en general cuando estaban exiliadas legalmente o escondidas por la persecución de las dictaduras en sus propios países. Entre las víctimas hay un grupo argentino secuestrado en Brasil. También hay 67 casos que están en juicio y a la vez declararon como parte de lo que se llama Orletti II, es decir, secuestrados que pasaron por el centro clandestino que fue la sede del Cóndor en Buenos Aires. Entre uno y otro listado de víctimas hay pocos nombres superpuestos. Desde el comienzo del juicio se dijo que uno de los datos más importantes del debate es que estaba destinado a probar el accionar conjunto de las dictaduras en la región y a la vez que podía ser un escenario de justicia para muchas de las víctimas de los países en donde existen dificultades para llevar adelante los juicios.

Hasta acá, la etapa uruguaya permitió reconstruir lo que sucedió con los uruguayos que estaban viviendo en la Argentina. Además de los testimonios, uno de los datos importantes que es que la suma permitió comprender las olas de la evolución represiva. “En su momento, con muy buen criterio, el Tribunal entendió que tenía que trabajar la organización del juicio por binomios”, señala el fiscal. “Si bien el Cóndor implica mirar el conjunto de los países, esto era imposible hacerlo en forma simultánea y por eso fue importante el modo de organizar las audiencias”. El binomio permitió seguir un orden por país, primero Uruguay, como luego será el caso de Chile, y más tarde los otros. Esa organización incluyó una organización cronológica de los secuestros, para entender la evolución de la ola represiva. Y pensada como binomio porque cada país incluye la relación con la Argentina. “Hasta aquí, los casos uruguayos nos permitieron ver claramente ciertas oleadas represivas. Significa que en un período muy corto de tiempo se produjeron muchos secuestros agrupados, y muchos son casos de este juicio”.

Así como esa mirada puede aportar datos para pensar la coordinación, se espera que esto quede reforzado por otros elementos del juicio. Daiana Fusca, del Cels, que es uno de los organismos de derechos humanos querellantes, señala el peso que tienen en ese sentido los archivos documentales. “Una de las líneas que se podrá profundizar con el análisis de la documental es la intervención de Estados Unidos. Esto y los testigos de concepto van a permitir visibilizar en el juicio la coordinación represiva”. El primer testigo de este tipo fue el historiador uruguayo Alvaro Rico, coordinador de la investigación histórica sobre la dictadura en ese país e integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. El martes debe declarar el periodista uruguayo Samuel Blixen. Y entre los expertos también está prevista la testimonial de la periodista Stella Calloni.

Los materiales serán importantes para probar además la coordinación entre el resto de los países. Pero cada tramo tendrá su singularidad. La prueba testimonial uruguaya, como se dijo, fue mucha y contundente. Los casos que llegaron a juicio son representativos de lo que sucedió con los uruguayos que estuvieron en el país. El juicio, además, contó con la declaración de sobrevivientes de Orletti. Eso permitió producir nuevos datos, dado que muchos pudieron aportar elementos sobre la coordinación represiva. “Los casos uruguayos permitieron ver lo que fue Orletti, el llamado primer vuelo, el segundo (con todos desaparecidos) y el Grupo de Acción Unificadora del 1977. Uno fue viendo a través de las testimoniales cómo iba cayendo todo, porque todo lo que están en el juicio permite hacerlo”, señala el fiscal.

Los casos chilenos que están en juicio son 22. Entre ellos hay un grupo que fue secuestrado en Mendoza, pero el resto de las víctimas fueron desaparecidas en momentos distintos.