La retirada, el próximo 1º de enero, de las restricciones que aún se aplican en la Unión Europea (UE) a trabajadores de Bulgaria y Rumania preocupa al Reino Unido, que ya ha anunciado medidas para desalentar una supuesta oleada de recién llegados que presione su sistema de beneficios sociales. Bulgaria y Rumania forman parte de la UE desde 2007 y sus ciudadanos pueden desde entonces desplazarse y residir libremente sin necesidad de visados en cualquier país miembro. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, anunció que con el comienzo del nuevo año su país aplicará cinco nuevas medidas para protegerse del supuesto impacto del fin de las restricciones. Esta decisión es criticada por su posible incompatibilidad con las normas europeas y sus tintes xenófobos, y es vista por algunos como una maniobra electoralista de Cameron para retener votos y contener el avance del antieuropeo y antiinmigrante Partido por la Independencia de Reino Unido. Londres pretende limitar los beneficios sociales durante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, así como retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses. También quiere cuadruplicar las multas a las empresas que no lleguen a pagar el salario mínimo y deportar a los ciudadanos europeos llegados de otros Estados miembro que se encuentren en la calle por falta de lugar de residencia. “Todavía no tenemos los detalles, pero si entran en vigor y se confirma que son ilegales tendremos que abrir un procedimiento de infracción contra el Reino Unido”, indicó el portavoz comunitario de Empleo, Jonathan Todd.