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Una buena negociación es aquella en que las partes no consiguen todo lo que querían y terminan insatisfechas, pero conformes. Esta definición de manual se complica un poco al evaluar la negociación británica con la UE porque el veredicto que importa es el que darán los mismos británicos en el referendo para decidir si siguen perteneciendo a la UE o cortan amarras como han amenazado en varios momentos.

En una carta al presidente del consejo europeo Donald Tusk en noviembre del año pasado Cameron presentó sus exigencias en cuatro temas clave: inmigración, divisa europea, competencia y soberanía. El hueso duro de roer era indudablemente la inmigración, uno de los temas que más preocupa a los británicos por su impacto en los servicios sociales y el empleo.

En su carta el primer ministro exigía que se prohibiera durante cuatro años el acceso a beneficios sociales o de vivienda de nuevos inmigrantes de la UE en el Reino Unido. Cameron también proponía que solo pudiesen cobrar el subsidio a la niñez los padres de chicos que residieran en el Reino Unido, o sea, que una pareja de polacos, por ejemplo, no lo pudiera cobrar si el hijo residía en Varsovia. El borrador de acuerdo queda a una distancia considerable de esta exigencia de máxima al establecer un “freno de emergencia” para los beneficios sociales en caso de que un miembro alegue que hay una presión especial sobre sus servicios sociales, pero será el Consejo Europeo y no el gobierno británico el que decidirá si efectivamente se ha alcanzado ese punto de emergencia. En cuanto a los niños se limitará el tiempo en que el subsidio puede ser cobrado en el extranjero, pero no se lo eliminará.

En los otros tres capítulos el borrador se acerca más a las exigencias de Cameron. En el de la política económica y monetaria el gobierno obtiene garantías de que el Reino Unido, que sigue manejando la libra como moneda, no tendrá que participar en rescates de miembros de la atribulada Eurozona. Pero no consigue más que una promesa de que serán tenidos en cuenta en las decisiones internas que adopten los miembros del euro, decisiones que podrían afectar el poderío financiero de la city de Londres.

En el de mejoramiento de la competitividad, Cameron no obtiene metas claras para la reducción de regulaciones que, según Londres, ahogan la competitividad empresaria, pero sí consigue un compromiso de que “todas las instituciones y países miembros se esforzarán en reforzar el mercado interno y adaptarlo a un ambiente cambiante” y “reducir el peso administrativo y sus costos”.

En el capítulo de soberanía el primer ministro consiguió garantías para poner fin a la obligación de participar en mecanismos que profundicen la unión –principio fundante de la UE–, pero no hay marcha atrás en lo que respecta a la creciente relevancia de la Corte Europea de Justicia en las decisiones británicos, un punto innegociable para los euroescépticos.

Visto desde el manual de la buena negociación el resultado no es malo. El tema es si la percepción pública británica, tan insular a menudo, lo verá de esa manera a la hora de depositar su voto en el referendo.