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“Hoy se acaba todo”, le dice a Página/12 una vendedora del mercado del barrio de Sopocahi, un barrio “bohemio” ubicado a 20 minutos del centro paceño. Un rápido recorrido por sus puestos permite corroborar que ha comenzado la escasez, especialmente de productos perecederos. Los de frutas y verduras siguen abastecidos, pero a precios que pueden llegar a duplicar los de la semana pasada, mientras que las carnicerías están prácticamente vacías. “Sólo queda algo de pollo y cerdo mucho más caro –dice la casera–; carne de res ya no hay.” Pese a ello, los paceños tratan de abastecerse de productos por si la situación empeora; todos recuerdan cuando –en octubre de 2003– conseguir un huevo era casi una hazaña. Sin embargo, este es un barrio “privilegiado” de La Paz; otros mercados directamente han cerrado sus puertas. Los 70 puntos de bloqueo a lo largo y ancho del país impiden el paso regular de camiones con alimentos, combustible y pasajeros. Varias compañías de aviación han suspendido sus vuelos –prácticamente es imposible llegar al aeropuerto internacional– y los israelíes han enviado un avión para evacuar a sus ciudadanos, principalmente mochileros.
La sede de gobierno –al igual que el resto del país– enfrenta también un fuerte desabastecimiento de combustible, que redujo significativamente el tráfico en las accidentadas calles paceñas. “Cuatro pesitos, jefe, apenas pude conseguir un poco de gasolina en El Alto”, justifica un taxista el aumento del precio de la “carrera” de 3 a 4 bolivianos. La causa de la escasez de combustible es el bloqueo –con zanjas y vigilias– de la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto. El intento gubernamental, durante la guerra del gas de 2003, de escoltar los camiones cisterna hasta la ciudad de La Paz desencadenó una masacre que contribuyó a expulsar del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada. Otros grupos campesinos ocupaban la estación de bombeo de Sica Sica, a 110 kilómetros de La Paz, operada por Transredes, frenando la exportación de petróleo liviano hacia Chile y el bombeo de combustible hacia La Paz. Según el presidente de la Cámara de Industrias de Bolivia, Eduardo Peinado, las pérdidas en ese sector ascienden a entre 2 y 2,5 millones de dólares diarios.
Los alteños saben que el desabastecimiento de la sede de gobierno –cuyos accesos pasan necesariamente por la urbe indígena– es una de sus principales armas para conseguir sus demandas. En la última reunión de juntas vecinales se repitió el objetivo de “dejar de bloquearnos entre nosotros y hacer sentir los bloqueos en los barrios ricos de la hoyada”. Algunos habitantes de la exclusiva zona sur han comenzado a conformar especies de comités de autodefensa para “protegerse” de posibles ataques de alteños e indígenas. Una psicosis que se repite en cada crisis que vive el país y contribuye a profundizar la distancia entre las “dos Bolivias”.