En su afán por preparar el terreno para el próximo anuncio en Washington de un plan que fue negociado en secreto, los gobiernos de Colombia y México, con la ayuda de filtraciones periodísticas en Estados Unidos, armaron una escenografía intimidante frente a los ojos de la sociedad que justifique la futura intervención militar estadounidense al sur de su frontera, desde México hasta Centroamérica, con el pretexto de cortar el paso de drogas a través de la frontera mexicana.

La embajada de Colombia en México organizó el lunes pasado un foro sobre “Seguridad y Derechos Humanos, base para el Progreso en México y Colombia” en instalaciones del Tec de Monterrey, donde el vicepresidente colombiano, Francisco Santos Calderón, aseguró que las FARC se han aliado con todos los carteles mexicanos de la droga para traficar narcóticos hacia Estados Unidos. Pero al segundo hombre del gobierno colombiano se le fue la mano y también reveló que México consiente desde hace tiempo la presencia de policías e incluso militares colombianos que se han infiltrado en todos los carteles de la droga mexicanos y operan en territorio nacional, lo que está prohibido por las leyes mexicanas.

Por si fuera poco, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán Arana, reveló que policías y militares colombianos recurren a una estrategia de inteligencia denominada “entrega vigilada”, la cual consiste en acompañar los cargamentos de droga que salen de territorio colombiano con destino a México, y no sólo aseguró que el gobierno de Felipe Calderón está enterado y avala las prácticas de inteligencia colombiana, sino que hasta presumió: “Esto se puede hacer cuando existe la confianza y el manejo de los mismos criterios entre las autoridades”.

Tal vez sin medir en ese momento la tormenta política que se desataría esta semana por la declaración de Santos Calderón –que ha obligado al gobierno de Calderón a desmentir durante toda la semana semejante acuerdo–, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en correspondencia, aseguró inmediatamente después que la guerrilla colombiana es “un grupo terrorista”. El gesto no es menor. México había sostenido una política exterior que se rehusaba a declarar públicamente a las FARC como grupo terrorista, pese a que Colombia lleva años solicitándolo reiteradamente, como parte de una estrategia internacional que le permita ya no defenderse de una guerrilla, sino combatir actividades criminales de células terroristas.

Al mismo tiempo, el periódico estadounidense The Dallas Morning News reveló detalles del “Plan México” negociado en secreto y que será anunciado en Washington en los próximos días (ver nota principal).

Todo un montaje para dejar claro un solo mensaje: narco y guerrilla son una misma cosa, en México y en Colombia. Por lo tanto, la intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir al crimen organizado debería de ser más que bienvenida, igual que ocurre en el país sudamericano. Por lo visto, al menos a eso le apuesta el gobierno de Calderón. Y si no le sale, al menos podrá embolsarse 1400 millones de dólares de “asistencia” estadounidense en los próximos dos años, ensayar una sola policía nacional y reforzar el despliegue militar por todo el territorio nacional, sobre el cual descansa su esperanza de construir una legitimidad social y política que no obtuvo en las urnas.

El gesto de ambas naciones les redituará más que el beneplácito de la administración Bush: Colombia refuerza el apoyo estadounidense en su guerra interna contra las FARC y México verá aumentar 35 veces la “cooperación” económica antidrogas que, en principio, servirá para la creación de un centro de comando, control e inteligencia contra el narcotráfico.

Sin embargo, legisladores y analistas coinciden en el riesgo de que esos recursos, fundamentalmente dirigidos al ejército mexicano, sirvan para combatir a los grupos guerrilleros dispersos por casi todo el país, particularmente contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que este año ha dirigido dos ataques con bombas contra instalaciones petroleras estratégicas en demanda de que sean presentados dos de sus dirigentes, desaparecidos desde hace meses en el convulsionado estado de Oaxaca. Hasta ahora, todas las corporaciones gubernamentales han negado tenerlos en su poder, mientras filtraciones periodísticas en México insisten en vincular al EPR con el narcotráfico e incluso especulan que los líderes guerrilleros podrían haber sido secuestrados por un grupo de narcotraficantes con los que se disputarían el control de uno de tantos corredores de droga que existen en México.

El creciente despliegue ordenado por Calderón de miles de elementos de tropa del ejército, marina y fuerza aérea por todo el país, en labores de combate al crimen organizado, se ha traducido en decenas de reportes de secuestros, torturas, allanamientos y violaciones diversas a los derechos humanos por elementos de fuerzas militares en lo que va del año. Un solo dato lo ilustra: durante los seis años de la administración Fox, se registraron 65 personas desaparecidas; en diez meses que lleva Calderón como presidente, se han producido “más de 30 ausencias físicas forzadas”, según denunció el martes el Frente Nacional Contra la Represión.