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“Contame primero la mala”, suele responder cualquier interlocutor al que se lo pone en el dilema de elegir entre dos noticias. Por una gacetilla de la Dirección de Prensa, los empleados del Senado se enteraron ayer de que cuando les llegue el sueldo de setiembre lo seguirán recibiendo con el 13 por ciento de descuento. La buena quedaría, sin embargo, para unos pocos funcionarios y comprometería un 20 por ciento de aumento para los secretarios, prosecretarios, y directores generales del cuerpo. Aumento que está en debate, que sería retroactivo al mes de abril, que involucraría a unos 9 funcionarios y que representaría alrededor de unos 1140 pesos mensuales para cada uno de ellos. Es decir, un total cercano a los 50 mil pesos. “En algún momento el tema estuvo en estudio, pero fue desechado. Yo públicamente me hago responsable de decirle que no se resolvió ningún aumento”, se defendió ante Página/12 Raúl Cuestas, director de prensa del Senado.
–No se trata de un aumento –respondió a este diario un alto funcionario del cuerpo.
–¿Cómo? –repreguntó Página/12.
–Así como lo escucha. Esto es la restitución del 20 por ciento que nos descontaron en abril.
–¿Y por qué les descontaron esa cifra?
–Como todas las resoluciones que se toman aquí, nunca se conocen los motivos –replicó el funcionario.
Involuntariamente, el interlocutor de este diario terminó haciendo una pintura del reducido lugar en el que se toman las decisiones en la Cámara alta y del secreto que suele rodearlas. Lo cierto es que el tema se disparó por un memorándum interno al que tuvo acceso este diario y en el que “se le solicita a esa Dirección (Contaduría) la habilitación de un código de haberes no remunerativo equivalente al 20 por ciento del sueldo básico y dedicación funcional para los Señores Secretarios, Prosecretarios y Directores Generales a partir del 01/04/02”.
A diferencia de los 2400 empleados del Senado que recibirán su sueldo de setiembre con el descuento del 13 por ciento, los que se beneficiarían con el aumento o restitución, como le gustó definirlo al empleado jerárquico consultado por este diario, son apenas unos nueve, entre los que se encontrarían el secretario y prosecretario parlamentario; el secretario y el prosecretario administrativo, el prosecretario administrativo y unos cinco directores generales.
“¿Usted cree que algún senador tiene posibilidad de influir en el nombramiento de algún director general?”, interrogó a este diario un veterano empleado administrativo de la Cámara alta. Ante la falta de respuesta y evitando que el silencio se hiciera largo, se apuró en señalar que 3 de los 5 directores generales “son mediterráneos”. O sea cordobeses como el titular del cuerpo, concluyen para referirse a los directores de las áreas de Auditoría, de Asuntos Jurídicos y de Administración General, que tiene el Senado. En todos los casos, los sueldos se acercan al 90 por ciento de la dieta de los senadores. Es decir que el aumento rondaría los 1140 pesos para cada uno. El retroactivo se acercaría a los 5700 por barba. Lo que acerca el total a los 50 mil pesos.
En su descargo, tanto Cuesta, director de prensa, como Amarfil, secretario administrativo, sostienen que en algún momento y por reclamo de algún empleado jerárquico, se pensó en conceder el aumento. “Así fue que se reservó un número de decreto. Posteriormente Maqueda desechó la idea”, comentó uno de ellos. En su descargo esgrimen un decreto 803/02 en el que lejos de hablarse del aumento salarial se designa a un empleado para cumplir funciones en la categoría A 4, una de las más bajas. El decreto que muestran tiene fecha 2 de agosto. No se entiende cómo podría el 9 de setiembre, el director de contaduría, tal como lo muestra el memo que ilustra esta nota, hacer referencia al decreto 830, que hablaba delaumento salarial, si ese número ya había sido utilizado hacía más de un mes atrás? Para justificar el reclamo, los 9 funcionarios afirman que ese 20 por ciento se les descontó cuando a los senadores se les quitaron unos 1200 pesos de sus dietas que se empleaba para el uso de combustible. Claro que a diferencia de eso, salvo los senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de la Cámara alta recibieron unos 1400 pesos en concepto de desarraigo.