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Con el respaldo de los laboratorios nacionales, el gobierno acordó con los Estados Unidos promover una serie de modificaciones a la Ley de Patentes que tienden a satisfacer las aspiraciones de ese país en materia de derechos de propiedad intelectual. Aun así, la última palabra en el tema está lejos de haber sido pronunciada. Uno de los puntos más controvertidos de la legislación local –que por ahora ampara a las firmas argentinas de girar multimillonarios royalties al exterior por las nuevas fórmulas– será debatido en la Organización Mundial de Comercio. Por esta razón, la administración de George Bush no modificó un centímetro la sanción comercial que había impuesto Bill Clinton al gobierno de Carlos Menem, reprochándole no esforzarse para impedir la piratería.
Después de tres años de negociaciones, las administraciones de ambos países consiguieron consensuar ocho de nueve ítems en discusión. El acuerdo significa que Argentina contemplará nuevos criterios en su ley, por ejemplo, admitiendo el patentamiento de microorganismos, que hasta el momento no acreditaban el cobro de ningún derecho. O reconociendo “la inversión de carga de la prueba”: ahora, un laboratorio extranjero debe demostrar que uno local plagiaba su fórmula para reclamarle el pago de una patente, mientras que en un futuro próximo la firma nacional debería probar que no está copiando. También se permitirá el patentamiento de los “procedimientos” utilizados para lograr un producto y no sólo éste.
Estos y otros retoques a las normas locales serán plasmados en un proyecto de ley cuyo texto tiene el guiño de los laboratorios locales nucleados en Cilfa los que, tradicionalmente, ejercieron un lobby más fuerte sobre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para evitar que nuevas leyes les impusieran la obligación de pagar derechos millonarios por el uso de fórmulas creadas por otros.
La industria farmacéutica local no habría puesto reparos a aquellos cambios, pero se negó a admitir un retoque a la Ley de Confidencialidad, complementaria de Patentes, que hubiera sido especialmente oneroso para ella. Una de las cuestiones es cuándo un producto es considerado técnicamente nuevo y, por lo tanto, genera el derecho a cobrar una patente. Otra, íntimamente ligada a ésta, es quién tiene derecho a explotar en exclusividad una fórmula y qué requisitos debe cumplir para tener esta prerrogativa.
Según manifestaron en su momento los laboratorios locales, el Viagra es el resultado de conjugar dos monodrogas conocidas, que no generan el derecho a una patente. Con un criterio más restrictivo el medicamento utilizado para estimular la potencia masculina sí podría haber dado lugar al pago de derechos. Del mismo modo, la sola inscripción de una fórmula en el registro sanitario (Anmat) podría otorgar el monopolio de la explotación comercial de una fórmula, que no podría conocerse por el resto de los competidores. A pesar de los esfuerzos de la Cancillería, fue imposible arrimar posiciones en este tema, que seguirá negociándose en el ámbito de la OMC, donde Washington evitó presentar un “panel”. Es decir, someter la cuestión a un arbitraje, cuyo resultado, de cumplimiento forzoso, podría ser adverso a la Argentina.
El otro buen gesto norteamericano habría sido la reciente admisión de una serie de productos en el Sistema Generalizado de Preferencias, por el cual éstos ingresan al mercado de Estados Unidos sin tributar aranceles. Sin embargo, ninguno de los bienes argentinos que tendrán esa gracia (básicamente, cueros y maíz) integran la lista del centenar de productos excluidos del SGP en 1997. Entonces, la administración de Clinton aplicó sobre la Argentina una sanción comercial, disconforme con la legislación sobre propiedad intelectual.
Según el Palacio San Martín, aquella decisión prueba que la Casa Blanca ofrece en el terreno comercial una compensación por su renuencia a facilitar un auxilio financiero. Esto mismo estaría probado por ladecisión de ampliar el rango de productos que serán admitidos sin tributar impuestos aduaneros, categoría en la que “a corto plazo” podrían ingresar los quesos, la leche, los jugos de fruta, el maní y los rulemanes argentinos. Junto a Turquía y Filipinas, Argentina va a tener el beneficio de una revisión especial: Estados Unidos considerará “expeditivamente” los pedidos de estas naciones para importar bienes de esos orígenes sin aranceles.
Formalmente, Cancillería también asegura que estas dádivas comerciales no tienen una relación directa con los esfuerzos que Argentina hizo para mejorar sus normas sobre patentes, conexión que, sin embargo, los propios negociadores argentinos admiten informalmente. El vicecanciller, Martín Redrado, prefiere acentuar las bondades de la política comercial externa argentina. “Dimos señales concretas de querer ingresar al ALCA, fuimos los más activos de la región en este sentido”, aseguró el colaborador de Carlos Ruckauf.