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El juez federal Jorge Ballestero sobreseyó al empresario peronista Carlos Spadone, quien se hallaba investigado desde hace once años por vender leche contaminada al Ministerio de Salud y Acción Social, que la había adquirido para el Plan Materno-Infantil, destinado a la población carenciada. El escándalo salió a luz a raíz de una investigación de Página/12. La posterior denuncia judicial formulada por Simón Lázara determinó que el antecesor de Ballestero en el juzgado federal 2, Ricardo Weschler, imputara a Spadone, propietario de la distribuidora e importadora Summum y asesor presidencial, así como también al entonces secretario privado de Carlos Menem, Miguel Angel Vico, vinculado a la planta fraccionadora ubicada en la localidad de Sastre, en la zona de la cuenca lechera de Santa Fe. A causa de esos hechos, Vico y Spadone, actual socio de Carlos Menem en la pequeña bodega riojana que perteneció a su familia, debieron renunciar a sus cargos.
Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers apelaron la resolución que ocupa 250 carillas y contiene curiosos aportes a la jurisprudencia. Uno de ellos es que Carlos Spadone –su hermano Lorenzo era junto a él socio de la importadora-distribuidora–, “en atención a su actividad, no pudo intervenir en modo alguno en la parte operativa de Summum, como para que se le pueda atribuir alguna intervención en el hecho que se le enrostra”. Es oportuno recordar que Carlos Spadone (que inició su actividad en un modesto emprendimiento familiar que fabricaba las esponjas Virulana) era a esas alturas un ascendente productor de espectáculos y propietario de teatros, actividad que simultaneaba con la de asesor presidencial con rango de secretario de Estado y presidente de la Comisión Nacional por la Paz. Spadone era, en verdad, un hombre atareado, pero no tanto como para ignorar que Summum había ganado una licitación llamada por el Ministerio de Salud (administrado por el ucedeísta y dueño de la Universidad de Belgrano Avelino Porto) para la provisión de casi 4 millones de kilos de leche en polvo, comprados a un precio mucho más elevado que el que la propia Summum presupuestó por cantidades comparativamente insignificantes a un periodista de este diario que simuló estar interesado en la compra. En aquella oportunidad, el encargado de la barraca en la que estaba almacenado el producto respondió a una pregunta de Página/12 que la leche Jorgiano (ese era uno de los nombres utilizados) no era apta “para lactantes”. Las plantas ERA y Sastre pertenecían a Miguel Angel Vico, cuya familia era propietaria de la desaparecida marca La Vascongada. En ellas, se dijo, se producía la leche en polvo, pese a que ninguna de las dos tenía capacidad suficiente para elaborar en tiempo record el enorme pedido ministerial.
Comprarlo hecho
En realidad, en las plantas no se elaboraba, se fraccionaban partidas de leche a granel compradas en el exterior. Un detalle interesante es que en esas fechas, en la Cancillería y afectado, por supuesto, a un área de negocios, se encontraba Karim Yoma y su firma rubricó, incluso, algunas compras de leche en polvo al exterior. La importación de ese producto, que por sus características no resultaba apto para el consumo humano, había crecido de manera exponencial en los meses cercanos al llamado a licitación. Otro elemento sugestivo es que Spadone, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional por la Paz, un organismo de dudosa existencia y utilidad, había realizado intensos contactos con Europa del Este (gestionaba el viaje de niños desde Rusia), atestada de stocks de productos alimenticios paralizados tras el escape radiactivo de Chernobyl. Es probable que, dados los años de estadía del expediente en el juzgado de Ballestero, ya no pueda saberse si la procedencia del producto estaba ligada o no a esa proscripción internacional. Lo que sí demostraron las pericias realizadas a la leche Jorgiano era su escasa calidad y la contaminación con Escherichia coli, una bacteria que produce copiosasdiarreas y es causante de la mayoría de las muertes de lactantes desnutridos. Fue precisamente el rumor de que una partida de 47 mil kilos había sido decomisada en la Región Sanitaria VII de Buenos Aires (General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, La Matanza, Morón, Moreno y 3 de Febrero), una de las de mayor riesgo de la provincia con alrededor de 23 mil niños bajo supervisión sanitaria, lo que, en noviembre de 1991, dio a este diario la primera pista. Las verificaciones habían determinado que la leche no era homogénea (la homogeneidad era una de las condiciones de la licitación, puesto que eso permite su control) y en una de las partidas se había detectado la presencia de la bacteria mencionada. La cartera de Salud debió admitir a este diario que incluso los envases infringían la normativa ministerial: “Aquí no figura nada –dijo la subsecretaria Elsa Moreno, cuando Página/12 le presentó la precaria caja con el producto–, ni siquiera el R. P. Si se lo exigimos a particulares, con mucha más razón debe tenerlo algo que estamos distribuyendo nosotros”. Pero la razón es algo que el corazón no entiende y en ese negocio estaba el corazón del menemismo, los hombres de confianza del ex presidente. Vico llegaba de la mano de Jorge Antonio y Spadone había prestado un inmueble como cuartel general de la campaña.
El juez Ballestero no lo ve así. Ascendido con rapidez de fiscal federal a juez federal, ligado a la ultramenemista recientemente fallecida Luisa Riva Aramayo, entiende que la defraudación –tautologías aparte– “exige la concurrencia de un fraude y de un perjuicio” y debe sumarse a esto un “ardid o engaño tendiente a hacer incurrir en un error a la víctima de la maniobra, lo que no ocurrió en esta operación” y si bien el producto era de inferior calidad al solicitado, ello no alcanza para configurar el delito. En su apoyo, menciona la inacción del Ministerio de Salud al respecto. El juez tiene razón: nadie había sido engañado. O, al menos, no los funcionarios que en ese momento expresaban al Estado. El Estado, como representación de intereses colectivos, es otro cantar. El sobreseído Carlos Spadone (Vico tuvo la misma suerte años antes) es socio de Carlos Menem en la Bodega Menem (ver nota aparte), receptora de un desmesurado crédito de 4 millones de dólares al que ninguna de las investigaciones patrimoniales en curso ha prestado la mínima atención.