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Le gusta presentarse como académico. Le gusta decir que es profesor universitario y que se doctoró en Campinas, Brasil. Pero también le gusta asegurar que se puede reformar la policía de la provincia de Buenos Aires, y que es cuestión de decisión política y de tiempo. A los 37 años, el número dos de Juan Pablo Cafiero, Marcelo Saín, uno de los mayores expertos argentinos en seguridad, dice que no hay pistas sobre los autores de los escopetazos contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero se niega a descartar de movida ninguna hipótesis, incluida cualquiera que señale a miembros de la Bonaerense, de la Federal o de las Fuerzas Armadas.
Saín acaba de firmar un documento titulado “Derechos humanos y violencia institucional”. El texto, ya publicado por este diario, dice que “las denuncias registradas por hechos ocurridos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires configuran un escenario de gravedad institucional manifiesta en cuanto a violaciones a los derechos fundamentales de las personas, acentuado significativamente por la participación directa y/o indirecta de personal policial y del Servicio Penitenciario”. También firmaron, entre otros, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Taiana, los legisladores Alejandro Mosquera y Eduardo Sigal, jueces como Leopoldo Schiffrin y dirigentes de derechos humanos. Uno, Adolfo Pérez Esquivel. Otro (otra), la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
–¿Quién fue el autor del atentado contra Estela Carlotto?
–Aún no tenemos la identidad.
–¿Y conjeturas?
–Solo una evaluación. No dudo que los autores son gente que pretende generarle una sensación de vulnerabilidad al sector político y social que cree en una cosa: que las cuestiones de la seguridad se resuelven con más democracia.
–¿De quién habla?
–De algunos funcionarios judiciales, de legisladores, de organismos de derechos humanos y principalmente del Ministerio de Seguridad bonaerense. Pero no solo hablo de nuestras políticas de control interno del desempeño policial. También los lineamientos de la política de seguridad dañan severamente los intereses de algunos sectores. Yo los identifico como los que pretenden perpetuar un sistema perverso que vincula a la política con la seguridad pública y con el delito de una manera que ya resultó ser causa de inseguridad.
–¿Tiene alguna hipótesis concreta?
–No. Se está investigando el hecho y estamos atentos a cuál es el mensaje de los autores.
–¿Y cuál es?
–Atentar contra una figura emblemática no solo en la defensa de los derechos humanos sino en el mensaje de paz. Ayer a la mañana, mientras desayunaba facturas en su casa pocas horas después del atentado, Estela hablaba contra el riesgo de una escalada violenta. Si alguien quiere desestabilizar, eligió bien. Dentro y fuera de la Argentina. Estela es la vida. Las Abuelas significan la recuperación de vida.
–¿Pueden haber sido policías bonaerenses los autores?
–Pudo haber sido cualquier sector que entienda que solo en una situación de caos se puede perpetuar un sistema de impunidad.
–¿Pudieron haber sido policías federales?
–No habría que descartar nada.
–¿Tampoco una pista militar?
–¿Usted se refiere a la pista carapintada?
–¿Por qué? ¿Usted sí?
–Puede ser que haya algún remanente carapintada que esté metiendo la cola en asuntos de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Habrá queverlo. Si bien no hay elementos para seguir pistas, tampoco hay elementos para descartar ninguna.
–No fue un loco suelto.
–No.
–¿Qué logística hace falta para un atentado así?
–Móviles, por lo menos tres personas, armamentos. Es un atentado político. Claramente político.
–¿Relaciona el intento de magnicidio con el documento sobre la violencia estatal que encabezaba Estela Carlotto y usted también firmó?
–Hay una situación institucional innegable. En los últimos tres años, en la auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad se sustanciaron 3900 investigaciones sumariales administrativas frente a delitos graves. Hoy quedan 1993. Se produjeron cerca de 200 condenas judiciales por apremios y otro tipo de delitos conexos por parte de funcionarios policiales. ¿Qué indica todo eso? Que una parte de la institución, una parte menor...
–¿Menor?
–Sí, menor. No hay que estigmatizar a toda la institución. Es una parte de la policía que no solo no trabaja acorde con las normas propias de la democracia sino que termina siendo fuente de delito. Lo importante a destacar es que estas cosas no se previenen solo agilizando los mecanismos de auditoría de asuntos internos. También hay que apuntar, como hacemos nosotros, a una reformulación de las formas de funcionamiento y organización de la policía de la provincia de Buenos Aires.
–¿Por ejemplo?
–En seguridad preventiva y en investigación criminal no hay un registro institucional que pueda dar cuenta de un seguimiento permanente del mapa delictivo atendido por la policía.
–¿Por qué?
–Porque nunca se planeó.
–Si la gente tiene hambre y el Estado no hace un relevamiento de la indigencia, el tema del hambre no se resolverá nunca. Con la seguridad es igual.
–El delito aumentó considerablemente y se complejizó. Aparecieron nuevas modalidades. Históricamente se confió en el olfato policial y en la presencia policial en la calle como único recurso de lucha contra el delito. Pero esa confianza estaba fuera de cualquier parámetro racional de planificación.
–Puede ser por inutilidad y no por maldad.
–Es que este funcionamiento a tientas, azaroso, impide establecer parámetros organizativos y funcionales acordes con lo que la policía debe atender, que es el delito. Deja al libre albedrío de muchos jefes policiales las formas de trabajo policial. En ese ámbito se reproducen prácticas que muchas veces son correctas pero ineficientes, otras son abusivas, otras son corruptas y otras delictivas.
–¿Para qué sirve exactamente planificar?
–Es clave para fijar criterios institucionales. Este es, justamente, el marco en el que hemos establecido parámetros novedosos. Por eso estamos hablando de mapeo delictivo y estamos revisando el funcionamiento del área de investigación criminal. O sea, informatizar (con un software especial norteamericano), dotar a la policía de los recursos para investigar delitos económicos y de lavado de dinero, capacitarnos para delitos complejos como narcotráfico y tráfico de armas y tráfico de precursores químicos, y repensar el vínculo entre la policía administrativa y el ministerio público en la investigación de delitos.
–¿Por qué tanta insistencia en el narcotráfico?
–Porque si no nada se entiende.
–Usted trabajó en la secretaría contra la droga. ¿Lo suyo es deformación profesional?
–Juro que no. El delito que está estructurando nuevas modalidades de organización criminal, formas más complejas, es el tráfico y la comercialización local de droga. Se vale de medios logísticos y operativos cada vez más sofisticados y se ve alentado por la ausencia de una política federal de lucha contra este flagelo. La droga que se consume en la Capital y en el Gran Buenos Aires no se produce en la Capital y el Gran Buenos Aires sino en otros países, y sin embargo llega con una enorme facilidad. Ojo: el narcotráfico en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires ya empezó a ser un emprendimiento económico de relativa rentabilidad.
–¿La Argentina es Colombia?
–No. Colombia tiene un 40 por ciento del territorio gobernado por una fuerza guerrillera y en el resto imperan –en el mundo delictivo– carteles productores y comercializadores internacionales de droga. Los delitos en Colombia tienen que ver con estos dos fenómenos, que no están presentes en ningún otro país de América latina. Yo creo más bien que la Argentina se está pareciendo a lo que era Río de Janeiro en los ‘70 y el Gran San Pablo en los ‘80. En ambos lugares se desarrollaba un tipo de criminalidad íntimamente vinculada con el significativo crecimiento de la marginalidad y la violencia en sectores donde ya no había Estado. Y ciertos negocios delictivos estaban comenzando a convertirse en un medio de vida alternativa para muchos jóvenes pobres. Allá y acá estas características se conjugan con Estado que falló en el diagnóstico de la situación sociocriminal y no adecuó sus organismos policiales y judiciales para atender esos cambios. Y hay otra cosa más: la ignorancia de estos asuntos por parte de la clase política. Gran parte de todas estas tendencias han comenzado a estar presentes en el Gran Buenos Aires.
–¿Y Río y San Pablo están mejor o peor?
–Depende del sector. Pero hubo cambios sustantivos en los responsables políticos de la seguridad pública. No es casual que en ambos lugares los funcionarios encargados de la seguridad pública terminaran siendo personas provenientes del mundo académico: Luis Eduardo Soares, Fernando Aguiar y tantos otros. En la clase política brasileña no había cuadros que entendieran la magnitud de los cambios.
–Vuelvo al documento sobre violencia institucional. ¿Por qué firmó siendo funcionario del Estado que aparece como el principal culpable?
–Con Jorge Taiana, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, venimos trabajando acerca de los abusos institucionales en el marco del Programa Provincial de Prevención de la Tortura. En agosto terminamos de elaborar un diagnóstico basado en la información de los casos registrados durante los últimos años, que se refleja claramente en ese documento. Ese programa fue instituido por el gobernador Solá en junio de este año. Lo dirige Taiana y yo soy el representante del Ministerio de Seguridad.
–¿Un funcionario no tiene que arreglar las cosas, en lugar de denunciarlas firmando un documento?
–Claro, pero un punto no se opone al otro. Está bien que firme, pero a partir de eso el funcionario también debe establecer los parámetros de trabajo institucional.
–¿Usted no provocó a la policía?
–No. Y la policía tendrá que entender que estamos hablando de denuncias registradas. Y además pongámonos de acuerdo en algo: la policía no es una instancia autónoma, con criterios propios, que decide por sí misma cuáles son las líneas maestras en la política de seguridad. Los que definimos la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires somos el gobernador y el ministro de Seguridad con su equipo. Policía que no se ajuste a esos parámetros, policía que deberá dar un paso al costado y pedir el retiro.La conducción es nuestra. Lo que la policía espera es eso: conducción. En su inmensa mayoría la policía reclama lineamientos claros en política de seguridad.
–¿Sí?
–Por supuesto.
–¿Lo cree con una mano en el corazón?
–Es lo que observo cuando visito las departamentales.
–Es lo que le dicen a usted.
–Me lo dicen a puertas cerradas e informalmente también.
–¿El mapeo y la planificación destruyen negocios ilegales de policías?
–Es probable. Pero ya se empezarán a dar cuenta de que no van a tener cabida dentro de la institución conducida por esta gestión.
–¿Por qué Juan Pablo Cafiero habla de un complot?
–Habría que agendar un nuevo capítulo, agregando el atentado político contra Estela Carlotto. Está claro: hay sectores políticos que ven en la provincia de Buenos Aires el ámbito de proyección de experiencias que demostraron su fracaso.
–¿Qué experiencias?
–De mano dura, por ejemplo. Son tipos con ideas autoritarias bajo cuyo amparo crecieron el delito, la corrupción policial y la corrupción política. Hoy, frente a la gestión de Solá, que hace de la eficiencia administrativa y la transparencia un trabajo cotidiano, ven peligrar la posibilidad de perpetuarse en la provincia de buenos Aires. No se dan cuenta de que los tiempos cambiaron y que la sociedad no soporta políticos tradicionales que solo han hecho del mundo de la política un mero recurso de perpetuación en los cargos de gobierno. Ellos fueron los que sacaron de la agenda política a la sociedad y a los problemas de la sociedad. Algunos me criticaron por mis declaraciones sobre la relación entre los malos policías y los malos políticos, pero desde ahí quedaron claros los ejes de nuestra gestión. No se admite ningún acto de corrupción. Ni político ni policial.
–¿No se están cometiendo ahora?
–Que sepa nuestra gestión, no.
–¿El Gran Buenos Aires se ha purificado?
–Imagino que no. Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Hay que reformular vínculos históricos entre poder político, policía y comunidad.
–¿Por qué la democracia reformó las Fuerzas Armadas y las obligó a someterse al poder político y no reformó la policía?
–Porque no hubo voluntad política entre 1983 y 1998, y después, cuando Carlos Arslanian encabezó la reorientación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires volvió a enfrentarse en 1999 con la misma falta de voluntad. Entonces salió del gobierno de Duhalde, que era el gobernador, y en seguridad comenzaron a primar otros funcionarios. Por lo pronto, protagonizaron una contrarreforma. Por ejemplo, intentaron unificar un mando policial al estilo de un Estado Mayor, que ya se había mostrado perimido e ineficiente para conducir una institución de 44 mil hombres. Y reunificaron las funciones de prevención e investigación. Esto también había demostrado ser inviable frente a la complejidad del delito que teníamos ante nosotros. Y todo eso que describo, en el marco de un discurso de mano dura que solo avaló, legitimó y estimuló el uso extralegal de la fuerza como recurso predominante del accionar policial. Pero el delito siguió creciendo. O sea que el autoritarismo, además, resultó ineficiente.
–¿No sería mejor evitar tantas vueltas y disolver la policía de la provincia?
–No. No hay seguridad sin policía ni democracia sin seguridad.
–Parece un slogan.
–No lo digo como slogan. Hay que pensar en nuevas modalidades y nuevas formas de organización policial. Si eso significa construir una nueva policía, bienvenido. Lo que es cierto es que la policía tal como estuvo organizada históricamente es anacrónica. Hoy no nos sirve para los desafíos que enfrentamos.